En el Centro de Justicia Penal de Rosario se llevó adelante este lunes audiencia imputativa a los identificados como Ángel D.V., Luis D.V., Alfredo R., Eduardo S. y Gerardo M. por los delitos de Encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad, en calidad de coautores, a Carlos Gabriel D.V., se le atribuye los delitos de Encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad, en calidad de coautores y Cohecho activo en calidad de autor y a Carlos Alberto D.V., los delitos de Encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad, en calidad de coautores y Tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.
En una operación conjunta entre la Policía de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, días atrás se desmanteló una red delictiva dedicada al acopio ilegal de chatarra y otros materiales, que operaba en galpones ubicados en el barrio Cinco Esquinas de Rosario. El operativo, realizado el pasado 18 de julio, condujo al arresto de los siete individuos bajo los mencionados cargos. Fueron imputados este lunes.
La investigación comenzó con una inspección rutinaria en un galpón situado en la calle Cerrito 4700, donde las autoridades descubrieron una vasta cantidad de mercancías sin documentación legal que justificara su procedencia.
Entre los elementos confiscados se encontraron más de ARS 24 millones, USD 318,827, EUR 4,320 en efectivo, así como diversas armas de fuego y municiones.
Además, se decomisaron toneladas de materiales como cobre, aluminio y baterías, junto con autopartes y herramientas de alto valor comercial.
Los implicados, identificados como Ángel D.V., Luis D.V., Alfredo R., Eduardo S., Gerardo M., Carlos Gabriel D.V. y Carlos Alberto D.V., enfrentan acusaciones graves por su presunta participación en actividades delictivas de lucro a través del encubrimiento sistemático de bienes de origen ilegal.
El juez Hernán Postma, a cargo de la audiencia imputativa celebrada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, determinó medidas cautelares variadas para los acusados. Tres de ellos, debido a su avanzada edad y problemas de salud, fueron puestos bajo arresto domiciliario por 60 días. Otros dos enfrentan restricciones más severas, incluyendo una fianza de un millón de pesos argentinos y la obligación de presentarse quincenalmente ante las autoridades judiciales.
Lo más preocupante de la operación fue el descubrimiento de sobornos a un oficial de policía, quien presuntamente recibía pagos regulares para ignorar las actividades ilegales en los galpones. Este desarrollo subraya la complejidad y la escala de la red delictiva desarticulada, que no solo operaba en la ilegalidad sino que también intentaba evadir la atención de las fuerzas del orden.
El fiscal Franco Carbone, encargado del caso, expresó su preocupación por la magnitud de la operación ilícita y la aparente sofisticación con la que se llevaban a cabo las actividades criminales. Se espera que el proceso judicial continúe con la recolección de pruebas adicionales y la profundización en las conexiones de los acusados con otras actividades delictivas en la región.
