La Organización de las Naciones Unidas (ONU) encendió una fuerte alerta sobre la situación judicial en Santa Fe. A través de una comunicación oficial, la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, cuestionó el régimen que regula la designación, remoción y sanción de fiscales en la provincia, y advirtió que no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos.
El informe fue notificado al Gobierno nacional, que deberá enviar una respuesta formal en el marco de los pactos internacionales suscriptos por Argentina.
El pronunciamiento se da en un momento clave, cuando Santa Fe transita un proceso de Reforma Constitucional, que podría redefinir el funcionamiento de las instituciones. La ONU considera esta instancia como una “oportunidad para corregir normas que permiten injerencias políticas sobre fiscales”, y propuso cambios profundos para garantizar la imparcialidad, el debido proceso y la autonomía del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Los puntos más críticos señalados por la ONU
Sistema disciplinario sin control judicial: Según la relatora, la Ley 13.807 permite que la Legislatura provincial se avoque directamente a causas disciplinarias, actuando como investigadora, acusadora y sancionadora, sin intervención judicial. Esto vulnera el principio de legalidad y el derecho al debido proceso.
Juicio político como método de remoción: La ONU objetó que los fiscales estén sujetos a esta herramienta, que debería reservarse para cargos institucionales de orden político y no para técnicos del sistema judicial.
Designación discrecional de fiscales: El Ejecutivo puede elegir sin orden de mérito ni criterios objetivos a quienes ocuparán cargos, incluso subrogancias por hasta cuatro años, lo que expone a los fiscales a presiones políticas y debilita su estabilidad funcional.
Normas inválidas aún vigentes: También se cuestionó el uso de una resolución interna de la Comisión de Acuerdos (803/2018), basada en una ley derogada y no publicada oficialmente, que hoy sigue siendo utilizada para sancionar a fiscales, violando el derecho a la defensa y a un tribunal imparcial.
Satterthwaite recordó que la Constitución Nacional establece que el Ministerio Público debe ser independiente, autónomo y con autarquía financiera, y sugirió que Santa Fe incorpore ese principio en su Carta Magna.
Además, señaló un antecedente clave: el régimen actual fue aprobado en 2018, sin debate y sobre tablas, impulsado por el senador Armando Traferri, cuando fiscales investigaban irregularidades con subsidios en el Senado provincial.
Finalmente, la ONU solicitó al Gobierno nacional que haga llegar estas observaciones a las autoridades santafesinas y alentó a utilizar el proceso constituyente para modificar el régimen vigente.
“La falta de independencia funcional mina la confianza en la justicia y abre la puerta a la impunidad”, concluyó la relatora.
