Ahora o nunca

La plana mayor del MPA apuntó sus críticas a Traferri y ahora la sumó a Rodenas

“El Senado toma funciones ilegales sobre otro órgano”, señalaron en relación al pedido de la vicegobernadora que la se archive la causa por la que pidieron el desafuero del legislador sanlorencino


El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, sostuvo que las últimas acciones del Senado de Santa Fe son “intempestivas e ilegales”.

El funcionario se refirió tanto la comisión creada para investigar causas en trámite en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) -que finalmente quedó en suspenso- como la indicación cursada por la vicegobernadora Alejandra Rodenas al juez que entiende en la causa por la que implicaron al legislador sanlorencino Armando Traferri por juego clandestino para que el magistrado al frente de esa investigación cierre las actuaciones y lo aleje así de toda sospecha.

“Entendemos que estas resoluciones generan una gravedad institucional muy fuerte y hasta inusitada”, sostuvo Baclini. “Ha existido en la creación (de la comisión de seguimiento al MPA) afectación de normas constitucionales que regulan la independencia del Poder Judicial y la autonomía”, observó. A criterio del jefe de los fiscales de la provincia, la resolución fue dictada de manera intempestiva y supone una injerencia sobre facultades propias de la persecución penal y de la auditoría de gestión del MPA. “El Senado toma funciones ilegales sobre otro órgano”, expresó en alusión al Poder Judicial.

El responsable máximo del MPA se detuvo también en la remisión del Senado sobre una resolución destinada al juez Carlos Leiva, que interviene en el trámite en el que dos fiscales aspiran a imputar al senador Traferri como organizador de juego ilegal. Los legisladores entienden y comunicaron que el magistrado no puede avanzar en el proceso penal contra Traferri, y con ello suponen el archivo de las actuaciones en su contra, debido al rechazo del desafuero al señaldor por el departamento San Lorenzo.

“Esto viene con la firma de la vicegobernadora, lo que me parece también sumamente crítico, que el cuerpo se ponga en la defensa de uno de sus integrantes en una causa judicial. En una causa judicial a quien le corresponde la defensa de sus derechos es al propio involucrado”, indicó Baclini.

El funcionario dijo que este caso, una causa penal en trámite, debe manejarse en los ámbitos que son propios. “El dictado de esta resolución afecta la independencia del Poder Judicial y la libertad de decisión que puede tener el juez y que puede sentir una presión. Presión que puede ser doble porque no solo la suscribe la vicegobernadora, que es parte del Poder Ejecutivo, sino también el Senado”. Para más gravedad, dijo Baclini, viniendo de la Legislatura, ya que el régimen disciplinario para sancionar fiscales por mal desempeño o delitos lo tienen los legisladores, en una decisión legal reciente que está cuestionada por inconstitucional, y que una Cámara Laboral de Rosario ya consideró sin sustento en la Carta Magna.

Baclini confrontó de modo explícito con la posición de Rodenas, quien había sostenido que la remisión de la nota al juez Leiva fue un acto meramente administrativo propio de su cargo de presidenta del Senado. Baclini sostuvo que, a su criterio, la remisión de esa resolución supone pedirle al juez el archivo de la causa.

Lo cierto es que tras descartar la creación de una comisión para investigar el accionar de los fiscales, proyecto impulsado por el bloque que conduce Traferri, los paños podrían enfriarse, pero en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) tienen la sangre en el ojo con este tema. Lejos de desarrollarse en un campo de  emotividad, los fiscales saben que esta pulseada tienen que ganarla. Se trata de una clara disputa de poder donde en el medio se compite por la credebilidad de cada una de estas dos instituciones.

Ya la Legislatura aprobó una comisión con características similares hace un par de años atrás que ahora la Cámara Laboral declaró inconstitucional. Esta es una oportunidad única que se les presenta no sólo para ratificar tal nulidad (que la Corte Suprema deberá resolver), sino para demostrar a propios y extraños que los fiscales deben disponer de un marco de “independencia” para desarrollar sus tareas para cuando se decidan por investigar a un funcionario.

Fuente: La Capital

 

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