En una conferencia realizada en la Casa de Gobierno, la vocera provincial Virginia Coudannes, junto a los ministros de Educación, José Goity, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, detallaron el alcance de la problemática y las medidas adoptadas.
Según informaron, en una sola jornada, el viernes pasado, se registraron 65 incidencias vinculadas a amenazas en escuelas de toda la provincia. Muchos de estos episodios están relacionados con mensajes, pintadas o publicaciones en redes sociales que simulan situaciones de tiroteos y generan alarma en la comunidad educativa.
Desde el Ministerio de Educación se convocó a directivos, docentes, estudiantes y familias a involucrarse activamente en la prevención. En ese marco, se propuso abordar la temática en las aulas e incorporarla como una falta gravísima dentro de los acuerdos de convivencia escolar.
Goity advirtió que este tipo de conductas, muchas veces asociadas a desafíos virales, “alteran el funcionamiento de las escuelas, generan angustia y afectan a toda la sociedad”. Además, remarcó la importancia del diálogo en los hogares y de fortalecer el uso responsable de las tecnologías a través de herramientas como el Programa de Educación Digital.
Por su parte, Cococcioni explicó que se trabaja en conjunto con organismos nacionales y el Ministerio Público de la Acusación para investigar los casos y actuar ante situaciones concretas. Cuando las amenazas presentan indicios delictivos, se activan protocolos que pueden incluir allanamientos y secuestro de dispositivos.
El funcionario también alertó que, aunque los autores sean menores de edad no punibles, las actuaciones dejan antecedentes que pueden perjudicarlos a futuro, como limitaciones para obtener certificados de buena conducta o viajar al exterior. En paralelo, los adultos responsables pueden enfrentar consecuencias judiciales.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que estas acciones encuadran en el delito de intimidación pública, contemplado en el artículo 211 del Código Penal, que prevé penas de prisión.
Además, el Gobierno adelantó que avanzará para recuperar los costos de los operativos desplegados ante cada amenaza. Según precisaron, cada intervención implica un gasto de entre 5 y 6 millones de pesos. Por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro, se impulsarán acciones legales para exigir el resarcimiento económico a quienes resulten responsables.
“Esto no es una broma. Cada falsa alarma moviliza recursos y genera consecuencias reales”, subrayaron las autoridades.
