La investigación sobre la red de psicólogas de Rosario, acusadas de fabricar informes para desvincular a padres de sus hijos, sumó un testimonio revelador en el último episodio de Expediente 24. La abogada especialista en derecho de familia, Fátima Silva, habló en el programa que conducen Nicolás Carugatti y Sebastián Darrichón por EPA News, y describió un panorama desolador donde la ideología de género dejó de ser una herramienta de igualdad para convertirse en un lucrativo negocio procesal. Silva, quien se formó en las bases del feminismo histórico, fue tajante al señalar que el sistema actual ha permitido la creación de verdaderas “Pymes” de denuncias falsas que destruyen vínculos filiales y dejan a miles de niños atrapados en relatos construidos en consultorios privados.
El quiebre entre la perspectiva y la ideología
El corazón del problema, según explicó la letrada, radica en la mutación de la perspectiva de género hacia una ideología que anula la presunción de inocencia y se sostiene sobre informes psicológicos de parte que carecen de rigor científico. Silva relató que estos dictámenes, realizados muchas veces en una sola entrevista de una hora, son utilizados para obtener medidas cautelares automáticas de exclusión del hogar. La abogada denunció que existe un triángulo de intereses económicos que conecta la denuncia con el cobro de subsidios estatales y la apropiación de bienes familiares. Al quedar un padre excluido o detenido bajo una acusación sin sustento, quien denuncia pasa a administrar la totalidad del patrimonio compartido, transformando un conflicto de pareja en una oportunidad de rédito económico inmediato.
La industria de los informes psicológicos privados
En ciudades como San Lorenzo y Rosario, la denominada “estrategia del fin de semana” se ha vuelto una constante estadística preocupante. Silva detalló que los lunes los juzgados amanecen con decenas de pedidos de restricciones basados en denuncias interpuestas los días previos, muchas veces con el único objetivo de impedir que el otro progenitor cumpla con el régimen de visitas. Esta masividad de causas infundadas termina colapsando el sistema y, lo que es más grave, invisibiliza a las víctimas reales de violencia y abuso, cuyos casos quedan sepultados bajo una montaña de expedientes fabricados por conveniencia o lucro.
Una reforma necesaria para proteger los vínculos
Ante esta realidad, Silva trabaja junto a la senadora Carolina Losada en un proyecto de ley que busca reformar la normativa vigente para prohibir terminantemente la validez de los informes psicológicos privados en estos procesos. La propuesta exige que solo los peritos oficiales y forenses, especializados en detectar la veracidad del discurso mediante test técnicos y no simples charlas de consultorio, tengan la autoridad para sugerir medidas que rompan un vínculo familiar. La abogada recordó que el propio Cuerpo Médico Forense de la Nación ha advertido sobre la falta de validez legal de los informes clínicos para estas instancias judiciales, ya que se realizan en la intimidad de un consultorio sin control de la contraparte.
El daño irreparable en las víctimas más pequeñas
El cierre del debate en Expediente 24 dejó una advertencia sobre el impacto psicológico irreversible en los menores. Fátima Silva mencionó casos extremos de padres que llevan más de una década sin ver a sus hijos, mientras los niños crecen bajo un proceso de alienación que los convence de situaciones de abuso que nunca ocurrieron. La lucha de Silva y Losada apunta a que los recursos del Estado se utilicen correctamente para proteger a quienes sufren violencia real, penalizando con firmeza a quienes utilizan la ley como un arma de extorsión y despojo personal.
