La reforma del sistema de justicia penal en Santa Fe, iniciada por el exgobernador Hermes Binner en 2007, marcó un antes y un después en la provincia. Su objetivo fue transitar de un modelo inquisitivo a uno acusatorio, donde fiscales y defensores asumieron roles protagónicos en la investigación y litigio, mientras los jueces quedaron como árbitros imparciales. Este cambio buscó mayor celeridad, transparencia y eficacia, rompiendo con prácticas obsoletas que favorecían la impunidad. Aunque su implementación se dio oficialmente en 2014, el diseño y los primeros pasos comenzaron durante su gestión.
Casos emblemáticos como el de Paula Perassi, desaparecida en 2011 bajo el viejo sistema inquisitivo, revelaron la urgencia de un modelo que priorizara la investigación profesionalizada. Sin embargo, su suerte contrasta con la reciente resolución del caso Sofía Delgado, bajo el modelo acusatorio, donde el fiscal Carlos Ortigoza logró identificar a los responsables y recuperar el cuerpo de la víctima. Este contraste evidencia el impacto del cambio de paradigma judicial.
A pesar de los avances, la reforma no logró alcanzar el ámbito de la justicia federal hasta años recientes. Esto permitió que en jurisdicciones claves, como Rosario y el Cordón Industrial, se perpetuaran prácticas judiciales opacas. La falta de control favoreció el crecimiento del narcotráfico y otras actividades mafiosas que condicionan no solo negocios, sino también la política local. El reciente allanamiento encabezado por el juez federal Marcelo Bailaque y la reforma impulsada por Maximiliano Pullaro para modernizar la Corte Suprema provincial marcan un giro necesario hacia un poder judicial más transparente.
Sin embargo, el camino aún es largo. Los fiscales en Santa Fe enfrentan importantes limitaciones de recursos. Con un solo secretario por fiscal, tareas como el análisis de horas de escuchas telefónicas o cámaras de vigilancia son extenuantes y poco eficientes. Esto explica, en parte, la reincidencia de los delitos menores, como los robos que atemorizan a los vecinos. Sin una inversión significativa en tecnología y personal, el sistema seguirá siendo incapaz de responder con la agilidad que la sociedad demanda.
Es crucial entender que un poder judicial sólido y equipado no solo resuelve casos individuales, sino que también actúa como barrera contra el avance del delito organizado. En este contexto, iniciativas como la reciente sanción de nuevos cargos en el sistema penal provincial son un paso adelante, pero no son suficientes. El compromiso político debe ser sostenido y respaldado por la sociedad, que debe exigir justicia como un derecho fundamental y no como un privilegio ocasional.
Hoy, Santa Fe tiene la oportunidad de consolidar un sistema judicial moderno, inclusivo y transparente. Hacerlo es una deuda no solo con las víctimas del pasado, como Paula Perassi, sino con las nuevas generaciones que merecen vivir en una provincia donde la justicia sea un pilar de confianza, no una promesa incumplida.
