En el programa de streaming de Fisherton Plus, el analista de seguridad Alfredo Enriques advirtió sobre el peligroso avance del narcoterrorismo en ciudades portuarias como San Lorenzo, Rosario, Timbúes y Puerto General San Martín. Según Enriques, estas regiones, fundamentales para la economía nacional, se han convertido en el foco de organizaciones criminales con recursos ilimitados y una capacidad de adaptación diaria a nuevos escenarios.
El experto subrayó que, para frenar este avance, es vital contar con una estructura de inteligencia estatal que actúe de manera preventiva y efectiva. En su análisis, mencionó la presencia del Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas de América del Sur. De origen brasileño, el PCC se dedica a actividades como narcotráfico, tráfico de armas, secuestros y homicidios. Su estructura jerárquica le permite tener el control de diversas regiones, tanto en Brasil como en países vecinos, extendiendo su influencia a zonas clave como las ciudades portuarias argentinas.
Enriques resaltó que la falta de recursos en organismos de inteligencia como la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) está dejando a estas ciudades vulnerables al accionar de organizaciones criminales bien financiadas. Según explicó, la inteligencia es fundamental no solo para detectar las amenazas, sino para desarticular las redes de financiamiento y operaciones de grupos como el PCC.
Un giro inesperado: derogación del DNU para financiar la SIDE
En medio de este contexto, el Senado de la Nación vivió un hecho histórico. Por primera vez desde 2006, el Congreso rechazó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que había sido emitido por el Poder Ejecutivo con el objetivo de asignar $100.000 millones a la SIDE. Esta decisión, respaldada por 49 votos a favor de la derogación —que unieron a kirchneristas y radicales— y 11 en contra, marca un hito en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno al control de los fondos destinados a inteligencia.
El debate sobre la financiación de la SIDE estuvo plagado de tensiones. Pablo Blanco, senador por Tierra del Fuego y miembro de la Unión Cívica Radical, criticó duramente la metodología del Ejecutivo al utilizar decretos para asignar fondos. Señaló que, según el artículo 99 de la Constitución Nacional, los decretos solo pueden emitirse en circunstancias excepcionales y no deben regular materias que afecten áreas como la penal o electoral.
Por su parte, el senador Juan Carlos Pagotto, del partido libertario, defendió la necesidad del DNU en un contexto inflacionario, argumentando que los fondos serían utilizados para reforzar delegaciones de inteligencia en el exterior, adquirir tecnología de punta y cubrir viáticos de los agentes. “No hay país que no tenga inteligencia”, sostuvo, y agregó que Argentina es objeto de análisis de potencias extranjeras, lo que justifica la necesidad de un sistema de inteligencia bien financiado para detectar posibles amenazas, incluidas las del narcoterrorismo.
El peligro de la desfinanciación en tiempos críticos
Para Luis Juez, jefe de la bancada macrista en la Cámara Alta, la derogación del decreto representa una oportunidad perdida. Según el cordobés, el Senado debió haber tenido acceso a más información antes de tomar una decisión que podría tener consecuencias a largo plazo para la seguridad del país. Sin embargo, los opositores al decreto, como el formoseño Mayans, insistieron en que los responsables de la inteligencia estatal deberán acudir al Congreso para rendir cuentas.
Mientras el debate legislativo se resuelve, las advertencias de Alfredo Enriques sobre la amenaza del narcoterrorismo en las ciudades portuarias resuenan con mayor urgencia. En esas localidades, donde se concentran importantes recursos económicos, el avance de grupos como el PCC se facilita ante la falta de una estrategia de inteligencia robusta y adecuadamente financiada. Con una SIDE debilitada, el riesgo de que estos grupos criminales sigan extendiendo su influencia parece inevitable.
