Las celdas de la Jefatura sanlorencina tienen 99 detenidos, cuando la capacidad máxima de alojamiento es de 33. Este número se consolidó a los pocos meses de que el gobernador Pullaro ordenara el envió de todos los presos en comisarías a cárceles manejadas por el servicio penitenciario.
La detención de personas con pedidos de capturas, portación de armas de fuego y delitos predatorios crece desde hace algunos meses con la restitución de operatividad plena del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) que tiene la misión de patrullar zonas calientes de todos los conurbanos de San Lorenzo, Puerto San Martín y Capitán Bermúdez. Esta operatividad fue construida en épocas de Maximiliano Pullaro como ministro de seguridad cuando, con resultados superlativos, ciudades como San Lorenzo tuvo meses enteros sin delitos.
Perotti desmantelamiento controlado o criminal
El ex gobernador vació la Unidad Regional XVII de capacidad operativa, con resultados muy negativos, sembrando el terror en toda la región y con foco en la ciudad de San Lorenzo. Vaciamiento que tuvo su punto más crítico, curiosamente a una semana de las elecciones generales, con el intento de asesinato de Brenda Giles, joven que fue baleada en la cara en una zona céntrica de la ciudad en el marco de un presunto robo de su auto. El acusado del atentado, un joven sin recursos económicos, que logró estar prófugo más de 3 meses y fue encontrado a una cuadra de su casa en Barrio Copello.
En estos días se conocieron declaraciones del rey del juego clandestino, Leonardo Peiti que aseguró que fue presionado por fiscales por órdenes del ex Ministro de Seguridad, Marcelo Sain, y Roberto Mirabella para acusar al senador del departamento San Lorenzo Armando Traferri. Las declaraciones del Rey del Juego Clandestino parecerían ser el corazón de un armado político de Perotti para quedarse con el departamento San Lorenzo y también la ciudad con la compra y financiamiento multimillonario del ex funcionario del oficialismo y actual concejal, Esteban Aricó.
Con los ciudadanos de rehenes por más de 3 años, la justicia tiene la obligación de investigar si hubo un plan criminal orquestado y financiado por el estado para acumular poder territorial.
