Un nuevo conflicto comercial y diplomático se abre entre Argentina y la Unión Europea. Esta semana, la Comisión Europea publicó en Bruselas la lista de clasificación de países según su riesgo de deforestación en el marco de la implementación del Reglamento Europeo sobre productos libres de deforestación (EUDR). Y aunque el gobierno argentino presentó documentación técnica para demostrar que el país tiene niveles ínfimos de deforestación vinculada a la producción agroindustrial, fue clasificado como “riesgo estándar”, lo que genera un fuerte impacto en las exportaciones de soja, carne y sus derivados.
La respuesta no se hizo esperar. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) publicó un comunicado en el que calificó la decisión como “injustificada” y alertó por sus consecuencias comerciales y reputacionales. “Estudios recientes demuestran que el riesgo de deforestación en nuestro país es despreciable. El gobierno argentino presentó la documentación correspondiente ante la Comisión Europea en ese sentido”, afirmaron.
La normativa europea y sus efectos
El reglamento EUDR aprobado por la Unión Europea busca garantizar que los productos que ingresan al bloque no provengan de zonas recientemente deforestadas o que no cumplan con prácticas sostenibles. Esto afecta directamente a soja, aceite, carne vacuna, cacao, madera, café, entre otros, y requiere trazabilidad y verificación documental del origen de los productos.
La clasificación de riesgo país —que define si un Estado es “alto”, “estándar” o “bajo”— impacta directamente en la carga burocrática y los controles adicionales que se deben cumplir. En ese sentido, la clasificación “estándar” para Argentina significa un nivel de exigencia medio, aunque el país esperaba ser considerado de “bajo riesgo”, como parte de una estrategia para reposicionar la soja argentina en el mercado internacional como libre de deforestación.
CIARA y el reclamo del sector privado
Desde CIARA, que representa a las principales empresas agroindustriales del país, advirtieron que la medida no refleja la realidad productiva ni los avances logrados en los últimos años en materia ambiental. “La industria argentina de la soja ha asumido compromisos concretos para garantizar trazabilidad, sostenibilidad y producción libre de deforestación. Esta clasificación no reconoce ese esfuerzo conjunto”, señalaron.
Además, destacaron que la medida puede terminar funcionando como una barrera comercial encubierta, disfrazada de regulación ambiental. “Es una forma de proteger productos europeos bajo argumentos verdes, a pesar de que en América del Sur hemos avanzado con sistemas voluntarios de certificación ampliamente auditables”, indicaron.
VISEC: el protocolo argentino para una soja libre de deforestación
Una de las herramientas clave con las que cuenta Argentina para revertir esta imagen internacional es el Protocolo VISEC, impulsado por la plataforma multiactor Visión Sectorial del Gran Chaco (VISEC).
Este protocolo, elaborado junto a empresas, organismos públicos y organizaciones ambientales, define criterios claros para garantizar que la soja producida y exportada desde Argentina no provenga de zonas deforestadas. De hecho, más del 90% de la soja exportada desde zonas críticas ya puede demostrar trazabilidad ambiental, según datos de la propia plataforma.
“Seguiremos trabajando arduamente con todos los eslabones de la cadena de valor de la soja para que la Argentina sea reconocida como un país de riesgo bajo”, afirmaron desde CIARA, redoblando la apuesta.
¿Ambientalismo o proteccionismo disfrazado?
En off, funcionarios del Ministerio de Agricultura advierten que la medida tiene más de geopolítica que de medio ambiente. “Argentina tiene menor tasa de deforestación que Brasil o Paraguay, pero la etiqueta nos pone a todos en la misma bolsa. Es injusto y técnicamente incorrecto”, confió una fuente oficial a SL24.
También en los foros internacionales se discute si estas medidas no constituyen una forma de neoproteccionismo disfrazado, en especial cuando afectan a países que cumplen con exigencias más duras que las de sus propios socios europeos.
Mientras Europa impone nuevas reglas, Argentina busca defender su perfil verde con hechos, trazabilidad y acuerdos sectoriales. La clave ahora será lograr que en las futuras revisiones de la Comisión Europea se valore el trabajo que ya está en marcha. La agroindustria no solo mueve la economía: también puede ser parte de la solución climática si se la deja competir en igualdad de condiciones.
