La inflación en mayo superó el 5% mensual, junio según las consultoras estaría arriba de esos valores y para el año se proyecta un alza entorno al 75%. Así, se suman evidencias de que los controles de precios de los alimentos, intensificados en octubre del año pasado, no dan resultados y fracasan.
En reacción al fracaso, el gobierno anunció que está analizando crear una empresa pública de alimentos y volvió a avanzar con la iniciativa de “hacer pública Vicentín”. La idea es intermediar entre los productores y los consumidores para contar con una herramienta adicional de contención de la suba de precios de los alimentos. ¿Funcionaría esta idea o agravaría el problema?
En el contexto actual, todos los economistas coinciden que el principal generador de inflación son los excesos de emisión monetaria, la “maquinita”. En otras palabras, déficit fiscal altos, con muy limitado acceso al crédito público, lleva a imprimir dinero por encima de lo que la gente está dispuesta a conservar. Parte de los excesos, los absorbe el Banco Central con Leliqs y pases, pero otra parte presiona sobre los precios. Por eso lo más efectivo es moderar el déficit fiscal. Para ello hay muchas cosas por hacer, pero la más urgente es reducir los subsidios económicos.
En tal sentido, hay diferentes tipos de subsidios. Según datos de ASAP y del Ministerio de Economía para el año 2021 los subsidios económicos responden a las siguientes categorías:
Los subsidios al consumo de servicios públicos ascienden a 1,8% del PIB.
Los subsidios a la producción de servicios públicos ascienden a 0,4% del PBI.
Los subsidios a las empresas públicas nacionales ascienden a 1,2% del PBI.
“Estos datos muestran que los subsidios económicos tienen una incidencia decisiva sobre las finanzas públicas (representan un 3,4% del PBI, monto similar al déficit primario) y características heterogéneas”, señalan desde la consultora Idesa.
Puntualmente, los subsidios a las empresas públicas son los que se asignan al pago de salarios y proveedores de empresas estatizadas, como los trenes, Aysa, Aerolíneas Argentinas, Río Turbio, Correo Argentino, o empresas creadas para hacer frente a un desabastecimiento, como la ex – ENARSA (hoy Integración Energética) y otras empresas estatales. Así en el acumulado de los últimos doce meses el déficit de las empresas públicas ya suma USD 4.600 millones anuales.
Los números señalan que, en las últimas décadas, el apetito empresario del Estado aumentó o disminuyó menos por un análisis cuidadoso de su rol que por vaivenes políticos, económicos e ideológicos. Buena parte de las compañías del Estado, están con déficits generalizados, infraestructura atrasada y poca capacidad de brindar bienes o servicios a la población, Correo Argentino, AySA, Aerolíneas Argentinas, e YPF, entre otras. Por cierto, en el caso de YPF, las acciones de YPF operan cerca de mínimos históricos, a pesar de las fuertes alzas del petróleo y perdió el 91% de su valor desde máximo de 2014 cuando supo valer USD 15.000 M de market cap. Recordemos que Kicillof pagó USD 4.000 M por el 51% y hoy vale toda la empresa USD 1.360 M.
La experiencia Argentina muestra que la estatización trae aparejado muchos de los problemas tradicionales de la gestión empresaria del Estado argentino: administración inexperta e improvisada, empresas sin rumbo, déficits crecientes y, en ocasiones, como en Casa de la Moneda, Fabricaciones Militares o Enarsa, empresas aprovechadas para usos políticos y corrupción, según probaron auditorías oficiales.
Además de déficits crecientes, las empresas públicas también muestran muy poca transparencia en su toma de decisiones y una ausencia casi total de estándares de buen gobierno corporativo. Por eso, suena paradójico que el Estado argentino, que no puede cumplir con sus roles fundamentales -garantizar seguridad, justicia y reglas claras-, y que es ineficiente para el mantenimiento de acceso a los puertos, rutas, puentes y abastecimiento de gasoil, quiera hacerse cargo de una empresa y ser “árbitro” en un sector que es competitivo. Además, tampoco se entiende por qué un Estado en default asume otro default. ¿Con qué dinero se les va pagar a los acreedores de Vicentin?, ¿con más impresión de dinero?, ¿con nuevas colocaciones de deuda?
Son películas que ya vimos con Aerolíneas, Ciccone, YPF y siempre terminaron mal. Reducir los subsidios es prioritario, porque es la vía más rápida para moderar el exceso monetario que genera inflación. Por eso resulta sumamente contradictorio el proyecto de crear una empresa pública de alimentos, que no va a servir para moderar los precios, pero aumentará las presiones inflacionarias por la emisión monetaria que requerirá para cubrir su déficit. En definitiva, quien puede imaginar que un Estado arrasado, dominado por punteros y copado por militantes y con empresas públicas quebradas, puede gestionar de manera eficiente una empresa de alimentos. Un verdadero extravío.
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