El caso se originó a partir de una denuncia penal presentada por las dueñas de un terreno ubicado en la esquina de Ayohuma y Álvarez Thomas, con el patrocinio del abogado Gabriel Filippini, tras constatar que el predio había sido ocupado de manera ilegítima. Con el correr de la investigación, se comprobó un dato llamativo: el usurpador no residía en el lugar, sino que lo alquilaba a terceros, quienes actualmente utilizan el inmueble como lavadero de automóviles.
A lo largo de estos años, la causa pasó por al menos cinco fiscales, se realizaron constataciones, allanamientos y diversas medidas probatorias, sin que se lograra una restitución efectiva del bien, pese a tratarse de un delito penal claramente tipificado.
Finalmente, en el día de ayer, y ante un pedido inminente formulado por las propietarias y su abogado, se llevó a cabo una audiencia de cese de estado antijurídico. En ese marco, el juez Eugenio Romanini ordenó la restitución del inmueble a sus legítimas dueñas.
En su resolución, el magistrado dispuso hacer lugar al cese del estado antijurídico y ordenó que el inmueble sea desalojado en un plazo de 20 días corridos, debiendo encontrarse libre de personas y cosas antes del martes 17 de febrero de 2026 inclusive. Vencido ese término, se autorizó expresamente el uso de la fuerza pública para hacer efectiva la restitución, a requerimiento del fiscal interviniente del Ministerio Público de la Acusación – Unidad Fiscal San Lorenzo.
Consultado por SL24 sobre la extensa demora en lograr una resolución, el abogado Gabriel Filippini explicó:
“Entendemos las prioridades que atraviesa la Unidad Fiscal de San Lorenzo, no solo por el cúmulo de causas nuevas, sino también por aquellas que se vienen tramitando desde hace años, la complejidad de ciertos delitos y la falta de recursos humanos y materiales. San Lorenzo es uno de los distritos con mayor incidencia de conflictos de la provincia y necesita mayor dotación de personal auxiliar”.
No obstante, el letrado fue contundente al remarcar la gravedad del perjuicio sufrido por las propietarias:
“Las usurpaciones son delitos penales y deben tratarse con la celeridad que corresponde. No puede ser que una persona tenga que esperar más de cinco años para recuperar algo que le pertenece. Los daños que se generan con el paso del tiempo son irreparables. No se trata de un conflicto civil por un alquiler o un préstamo, sino de una ocupación indebida de un bien ajeno, sin ningún derecho, que en este caso además fue explotado económicamente por el usurpador”.
Filippini también destacó que el avance decisivo de la causa se produjo durante la actuación de la ex fiscal Natalia Benvenutto, y valoró especialmente la resolución dictada por el juez Romanini:
“La interpretación y fundamentación del juez fue firme y clara. Fue una resolución justa, reparadora y necesaria para quienes todavía creen que la Justicia debe ser el camino para el restablecimiento pacífico de los derechos, en este caso, el derecho de propiedad”.
Con esta decisión judicial, se pone fin a una larga espera marcada por la incertidumbre, en un caso que vuelve a exponer las demoras estructurales del sistema judicial frente a delitos que afectan de manera directa el patrimonio y la seguridad jurídica de los ciudadanos.
