El debate por la nueva Ley de Biocombustibles se encuentra empantanado en el Senado Nacional, rehén de un feroz lobby donde las grandes corporaciones intentan imponer condiciones que marginan a las pequeñas y medianas empresas del sector. En una entrevista exclusiva con Nicolás Carugatti y Jorge Metz en el programa Up River, el presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA), Axel Boer, desnudó los verdaderos intereses que bloquean el tratamiento del proyecto y expuso las maniobras de cartelización que asfixian a la industria nacional.
El dirigente empresario explicó que la disputa central radica en la puja de intereses contrapuestos. Por un lado, las compañías petroleras prefieren mezclar bioetanol porque es la alternativa más barata para elevar el octanaje de las naftas, pese a que rinde un 30% menos en poder calorífico sin que el consumidor lo advierta. A su vez, apuntó contra las grandes industrias aceiteras, a las que acusó de ejercer abuso de posición dominante al controlar la materia prima. Boer señaló que estas firmas dominan 2,5 millones de las 4 millones de toneladas de capacidad instalada y fijan el precio del aceite de soja para el mercado interno basándose en la paridad de exportación, impidiendo que las pymes puedan competir en igualdad de condiciones.
Sin embargo, el punto más crítico y escandaloso expuesto por el titular de CAPBA se enfoca en la provisión de metanol, el segundo insumo fundamental para elaborar biodiésel. Actualmente, la producción exige diez partes de aceite por cada parte de metanol. En la Argentina, YPF produce el 90% del metanol que se comercializa en el país y, al mismo tiempo, es la principal compradora del biodiésel terminado. La distorsión de precios es brutal: mientras la petrolera estatal exporta el metanol a unos 300 dólares la tonelada, se lo cobra a las pymes locales a 670 dólares.
Esta maniobra obliga a las empresas nacionales a pagar un insumo básico a precio de paridad de importación, asumiendo costos ficticios de fletes internacionales y derechos aduaneros por un producto que se fabrica en territorio argentino. La crudeza de esta asimetría fue resumida por Boer con un ejemplo demoledor: bajo estas condiciones, un productor de Brasil podría comprarle el metanol a YPF, llevarlo en barco a su país, producir el biodiésel allí, traerlo de regreso a la Argentina y venderlo más barato que las plantas locales más eficientes.
Las críticas de Boer también apuntaron directamente al dictamen de mayoría que hoy se discute en el Congreso. La nueva normativa plantea un falso esquema de subastas públicas para la provisión de biodiésel, pero esconde una trampa legal que permite a los grandes actores cerrar acuerdos privados por fuera de la licitación para abastecimientos de hasta tres meses. Esto garantiza que las seis empresas que controlan el mercado aceitero mantengan su hegemonía sin competir realmente por el precio, dejando al Estado en un rol de observador pasivo frente a prácticas monopólicas.
Finalmente, desde CAPBA reclamaron la urgente inclusión de los biocombustibles avanzados en el biodiésel, una categoría que la nueva ley sí contempla para el bioetanol pero omite para el gasoil. El desarrollo de plantas que procesen residuos industriales y aceites usados permitiría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 70% adicional, rompiendo la dependencia exclusiva del aceite de soja y alineando a la Argentina con las tendencias globales, donde potencias como Inglaterra ya exigen que casi el 80% de sus biocombustibles provengan de materias primas recicladas.
