Uno de los puntos más cuestionados es la falta de un beneficio neto para quienes utilicen la vía, dado que la inversión requerida para llevar la profundidad de navegación a 39 pies no resultaría en una optimización significativa. Según especialistas, con las normativas actuales de la Prefectura Naval Argentina, el calado efectivo solo aumentaría en 45 centímetros, lo que no evitaría que los buques deban completar su carga en otros puertos como Quequén, Bahía Blanca o incluso Brasil. A esto se suma un aumento considerable en la tarifa de peaje, lo que impactaría negativamente en la competitividad del país.
El ingeniero Alejandro Bustamante, especialista en agronegocios y logística, expresó su preocupación sobre la falta de ventajas reales en el esquema planteado: “Cuando uno desarrolla un proyecto, debe invertir primero y luego espera obtener un beneficio. El problema con este pliego es que solo veo la inversión, pero no el beneficio neto”, afirmó. Bustamante también advirtió que “se está proponiendo duplicar la tarifa de peaje para obtener solo 25 centímetros adicionales de calado, sin resolver el problema de fondo”.
Otra preocupación clave es la estructura del pliego, que consolida la concesión en un solo paquete de 1.400 kilómetros, en lugar de dividirlo en tramos más eficientes. Este diseño restringe la participación de empresas medianas, dejando solo a unas pocas multinacionales en condiciones de concursar. Además, la metodología de adjudicación favorece al concesionario actual al aprobar fuertemente los antecedentes técnicos en la etapa final del proceso, lo que dificulta que otras empresas puedan competir en precio.
La exclusión de una empresa china que podría haber ofrecido costos más bajos también despertó desconfianza, ya que las condiciones del pliego parecen estar diseñadas para que una sola compañía cumpla con todos los requisitos. “Las condiciones establecidas descalifican a otros posibles participantes, sin que esto tenga que ver con su capacidad técnica. Se ha generado un esquema en el que el único que cumple con todos los requisitos es el concesionario actual”, señaló Bustamante.
Claramente, el mayor impacto recaerá sobre los productores agropecuarios, quienes deberán absorber los mayores costos logísticos sin haber sido consultados en el diseño del pliego. “En definitiva, los productores pagarán esta decisión sin haber sido invitados a la mesa de discusión. Esto representa una mala noticia para el sector por los próximos 30 años, o incluso 60, si la concesión se renueva”, remató Bustamante.
La falta de transparencia en la concesión y la ausencia de una competencia real generan un panorama triste. “Estamos pagando más sin obtener beneficios claros, y eso es un sinsentido para la competitividad del país”, advirtió Bustamante. Además, señaló que “los costos adicionales los terminarán absorbiendo los productores, que no fueron invitados a la mesa de discusión”.
Prefiero no pensar mal. “Hoy se abren los sobres, o el sobre número uno, que es el que permite ver quiénes finalmente se presentan y si pasan o no el primer filtro”, sentenció.
