Santa Fe es hoy el corazón industrial del complejo sojero argentino, pero también es el escenario de una de las contradicciones más profundas de la política energética nacional: mientras Brasil transformó el aceite de soja en un activo estratégico para su desarrollo agroenergético, en la Argentina sigue siendo tratado, principalmente, como una fuente de recaudación tributaria de corto plazo. Esa diferencia de enfoque no es ideológica ni abstracta: se mide en toneladas, en inversión, en empleo y, sobre todo, en recursos fiscales que la provincia deja de percibir año tras año.
Un reciente artículo de Valor Soja, replicado por Bichos de Campo, vuelve a poner el foco sobre un fenómeno que en Santa Fe se conoce bien pero rara vez se cuantifica con crudeza: el terreno que Brasil le ganó a la Argentina en el desarrollo del biodiésel no es casual, sino el resultado de decisiones políticas sostenidas, blindadas por intereses económicos muy concretos. Del otro lado de la frontera, un lobby petrolero poderoso y activo logró frenar cualquier avance estructural en la ampliación del corte obligatorio de biodiésel, incluso cuando la capacidad instalada y la disponibilidad de materia prima permitirían dar un salto inmediato.
El punto de partida: 7,5% contra 15%
El corazón del problema puede resumirse en un solo dato: el diferencial de corte obligatorio de biodiésel.
Mientras Brasil opera con un corte del 15% de biodiésel en el gasoil, la Argentina permanece anclada en niveles sensiblemente más bajos. Si se toma como referencia un diferencial de 7,5 puntos porcentuales, el atraso argentino no solo es evidente, sino económicamente costoso.
Ese diferencial no es teórico. Según los cálculos surgidos del análisis sectorial, llevar el corte argentino a niveles similares a los de Brasil implicaría incorporar 900.000 toneladas adicionales de biodiésel para mezcla con gasoil de origen fósil. No se trata de un escenario futurista ni de una apuesta riesgosa: es simplemente utilizar una capacidad que ya existe y una materia prima que hoy se exporta o se grava sin generar valor agregado.
Santa Fe: capacidad instalada y protagonismo natural
Si hay una provincia en condiciones de capitalizar esa expansión es Santa Fe. Por infraestructura, localización, know how industrial y cercanía con el complejo aceitero, la provincia podría absorber alrededor del 70% de esas 900.000 toneladas adicionales, es decir, 630.000 toneladas de biodiésel.
Ese número no es menor. Habla de plantas existentes que hoy trabajan por debajo de su potencial, de empleo calificado que podría ampliarse y de una cadena industrial que ya demostró ser competitiva a escala internacional. Pero también habla de algo que suele quedar fuera del debate: recaudación provincial directa.
El número que explica todo: 17 mil millones de pesos
Tomando un valor de referencia de 1.797.881 pesos por tonelada de biodiésel, la producción de 630.000 toneladas en Santa Fe generaría una facturación total de 1.132.665.000.000 de pesos.
No es un error tipográfico: más de 1,1 billones de pesos en actividad económica directa vinculada a la producción de biodiésel.
Santa Fe aplica una alícuota del 1,5% en concepto de Ingresos Brutos. Aplicada sobre esa facturación, la provincia recaudaría 16.990.000.000 de pesos por año únicamente por este concepto.
Dicho de otro modo: casi 17 mil millones de pesos anuales que hoy no ingresan a las arcas provinciales por una decisión política que mantiene congelada la expansión del biodiésel. Para ponerlo en perspectiva regional, esa cifra equivale aproximadamente a la recaudación anual de dos municipios del cordón industrial por tasas de mantenimiento de caminos.
No se trata de un beneficio marginal ni de una renta simbólica: es un ingreso fiscal estructural que podría destinarse a infraestructura, salud, educación o seguridad, sin crear nuevos impuestos ni aumentar la presión tributaria existente.
Brasil entendió lo que Argentina sigue discutiendo
Mientras en la Argentina el biodiésel es visto como un problema fiscal o una amenaza para la renta petrolera, Brasil lo integró a su estrategia energética y productiva. Allí, el aceite de soja dejó de ser solo un commodity para transformarse en una palanca de desarrollo industrial, empleo y seguridad energética.
El contraste es brutal. En Brasil, el Estado promueve el uso del biodiésel porque entiende que cada tonelada que reemplaza gasoil fósil reduce importaciones, mejora la balanza comercial, dinamiza economías regionales y fortalece la soberanía energética. En la Argentina, en cambio, la discusión suele reducirse a cuánto pierde la recaudación nacional por dejar de gravar el gasoil tradicional.
Esa mirada corta ignora que el verdadero costo está del otro lado: en la producción que no se realiza, en la inversión que no llega y en los recursos fiscales que provincias como Santa Fe dejan de percibir.
La ley que duerme en el Senado
El escenario actual no es producto del azar. La nueva ley de biocombustibles, que podría habilitar un esquema más ambicioso de corte y previsibilidad para el sector, duerme el sueño de los justos en el Senado. No por falta de argumentos técnicos ni por imposibilidad económica, sino por una razón mucho más concreta: el blindaje político del lobby de la industria petrolera.
Ese lobby no solo se opone al biodiésel por una cuestión de competencia directa, sino porque entiende que cada punto de corte adicional erosiona un negocio históricamente protegido. En esa lógica, poco importa que Santa Fe pierda 17 mil millones de pesos por año, que se desaproveche capacidad instalada o que se frene una industria con alto valor agregado nacional.
La paradoja es que ese mismo lobby suele presentarse como defensor de la inversión y del desarrollo, mientras bloquea una actividad que ya demostró ser eficiente, sustentable y generadora de empleo.
Biocombustibles: fiscalidad inteligente o dependencia eterna
El debate de fondo no es solo energético, sino fiscal y político. Santa Fe no está reclamando subsidios ni excepciones impositivas extraordinarias. Está señalando, con números concretos, que una decisión nacional le impide recaudar recursos genuinos derivados de su propia estructura productiva.
En tiempos de ajuste, restricción presupuestaria y discusión permanente sobre el financiamiento del Estado, resulta llamativo que se ignore una fuente de ingresos clara, cuantificable y sostenible. Más aún cuando esos recursos surgen de una industria que reduce emisiones, sustituye importaciones y fortalece economías regionales.
El costo de no decidir
Cada año que pasa sin modificar el esquema de corte es un año perdido. 17 mil millones de pesos que no ingresan, 630 mil toneladas que no se producen, plantas que siguen subutilizadas y una provincia que ve cómo su potencial se diluye en decisiones tomadas lejos del territorio.
Santa Fe no solo paga el costo económico del lobby petrolero: paga también el costo político de un modelo que prioriza intereses concentrados por sobre el desarrollo federal. El biodiésel no es una utopía ni un experimento: es una oportunidad concreta que Brasil ya aprovechó y que la Argentina, por ahora, sigue dejando pasar.
Mientras la ley siga frenada en el Senado y el lobby petrolero marque la agenda, la provincia seguirá perdiendo recursos que podrían transformar su realidad. La pregunta ya no es técnica ni económica. Es, claramente, política.
