A partir del Decreto 377/23 que graba las importaciones de bienes y servicios, la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) solicitó una audiencia al ministro de Economía, Sergio Massa, para solicitar que revise el impacto negativo en la actividad que representa cerca del 95% del transporte de combustibles en el país además de fertilizantes y bienes industriales.
La entidad busca que se adopten medidas “inmediatas” que permitan “corregir” el impacto ya que, según advierten, “de lo contrario se deberá suspender la operatoria de los buques y artefactos navales afectados”.
La normativa que se publicó en el Boletín Oficial días atrás, en el marco de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que suma a las importaciones el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (Impuesto PAÍS) implica un nuevo costo que “empeora” la ecuación económica-financiera de las empresas armadoras argentinas, explicaron desde la entidad.
En ese sentido, señalaron que el Impuesto PAÍS que hoy se aplica a la marina mercante, impacta de manera directa a la importación de bienes en un 7,5% y de servicios en un 25%: “esto sin tener en cuenta los costos de financiación, que a la fecha venía siendo soportado por los armadores, en atención a los plazos de pago que se autorizan”, indicaron.
En materia de costos operativos, los empresarios navieros estiman que supone aproximadamente un alza de 10%, lo que afecta “gravemente” su competitividad en un contexto donde las importaciones del sector atraviesan un “cuello de botella”, por las demoras en las autorizaciones de SIRA y SIRASE, agregó en diálogo con El Cronista un directivo de la entidad.
Desventaja competitiva
“La situación que era delicada, se complejiza”, agregó. Desde FENA señalan que los buques pierden competitividad frente a otros modos de transporte como por ejemplo el camión, que posee mayor impacto ambiental.
Además, ante buques extranjeros se genera otra barrera. “El Decreto 377/23 consagra una inadmisible y desleal desigualdad entre los servicios de fletes marítimos prestados por empresas extranjeras -que tributan un 7,5% de impuesto PAIS- en detrimento de la alícuota del 25% que deben abonar las nacionales por servicios tales como el arrendamiento de buques o seguros“, describe el comunicado.
En concreto, la diferenciación de la alícuota que asciende a casi 17,5 puntos del impuesto país “coloca al armamento nacional en una situación de desleal desventaja competitiva”.
Riesgo de desabastecimiento
Las empresas reunidas en FENA que operan buques asociados a la actividad de transporte de combustible tanto para el mercado interno como para las usinas eléctricas, insumos para la industria y fertilizantes para el agro, alertaron por el riesgo de “paralización” y, en consecuencia, “desabastecimiento” en un plazo de 10 días.
“De no corregirse inmediatamente está injusta y acuciante situación, el sector armatorial no puede asegurar la continuidad de su operatoria y lamentablemente deberemos comenzar a parar los buques por falta de pago de arrendamientos, de seguros o falta de mantenimiento”, advierte el texto.
En la misma línea se expresaron desde el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa sobre el peligro de “freno total” de la actividad en Vaca Muerta porque “la Aduana no permite ni agilizan el ingreso de insumos vitales para la producción de gas y petróleo”.
“Cuesta entender que se tomen medidas que atacan al enclave productivo estratégico en momentos que se necesita más desarrollo y más producción para generar divisas para el país”, cuestionaron los trabajadores.
Importaciones en pausa
En números, reflejaron que en las últimas 3 semanas solo se liberó el 7% de las SIRAs, que permiten el ingreso de equipos, repuestos, componentes e insumos. “Estos permisos no se aprueban y dejan a todas las importaciones en depósitos aduaneros“, alarmaron.
Los referentes del sector petrolero contaron que hay empresas de servicios que están desarmando equipos para usarlos como repuesto de otros y hay operadoras que solo tienen herramientas para funcionar un mes.
Más de 30 equipos de perforación y 6 sets de fractura podrían ser parados por falta de insumos, que “están frenados en la Aduana”.
El gremio petrolero, aseguró que son más de 25 mil trabajadores y sus familias los que se ponen en riesgo por la falta de insumos y, en materia de ingresos, indicó que por cada mes que se frene la actividad, se perderá hasta un millón de barriles, equivalentes a u$s 80 millones en exportaciones.
Según contó este medio, DLS Archer, informó días atrás que debió suspender el acondicionamiento y puesta en servicio de un equipo perforador de última generación, adicional a los 8 que ya tiene trabajando en Vaca Muerta.
La empresa dijo que invirtió unos u$s 5 millones y apuntó a las importaciones SIRA y la imposibilidad de retirar los elementos de la Aduana, a quien responsabilizan por los 50 puestos de trabajo que están en riesgo.
Fuente: Cronista Comercial
