La realidad de las empresas que brindar servicio a la parte final de la cadena agroindustrial es muy distinta al del grueso de las pymes nacionales, anclado en que sus facturaciones no se ven afectadas por los efectos del coronavirus, muy por el contrario, con el salto del tipo de cambio oficial los ayudó a licuar sus costos pesificados exponenciando sus rentabilidades.
Al rededor de está región y producto de tener la mayor concentración de puertos agroexportadores del mundo florecen un número importantes de empresas dedicadas a la prestación de servicios a la logística de las empresas aceiteras como así también a los más de 3000 buques de ultramar que ingresan al complejo portuario cada años. Estas empresas en su gran mayoría no son de capitales de la región convirtiendo esto en un perjuicio para las políticas de Responsabilidad Social empresaria aplicadas en la zona, ya que los directivos y propietarios de estas empresas no residen ni tienen una identidad con la vida social de las ciudades portuarias.
Una empresa que genera un cierto equilibrio entre la constelación de empresas foráneas y locales es la Cooperativa de Trabajos Portuarios, que producto de su inmensa facturación genera un efecto derrame en todas las localidades de la región. En la actualidad la Cooperativa se encuentra intervenida por la justicia federal haciendo esto que un montón de actores incluidos Heme Juárez estén peleando desde las sombras por el manejo futuro de la entidad.
La defensa de la Cooperativa de Trabajos debe ser un lema colectivo de todos los habitantes de la región para que siga ejerciendo ese contrapeso natural y que las ganancias generadas en los puertos de San Lorenzo, Puerto San Martín y Timbúes, que son fruto de un pacto social colectivo de tolerancia con la contaminación, concentración de camiones entre otras dificultades, genere un circulo virtuoso en la región.
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