Frente a la desregulación dispuesta por el Gobierno Nacional —que eliminó la obligatoriedad de contratar serenos de buque bajo el argumento de los protocolos del Código PBIP aplicados tras los atentados de 2001—, la provincia de Santa Fe busca sentar un precedente de resguardo operativo en su red fluvial. Con el respaldo unánime de la Cámara de Senadores, obtuvo media sanción el proyecto de ley presentado por el senador Armando Traferri para restituir la presencia obligatoria de los serenos en las terminales del Cordón Industrial.
La iniciativa fue elaborada de forma conjunta con el Sindicato de Serenos de Buque, el intendente de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis, y el presidente del Concejo de esa localidad, Juan Manuel De Grandis. El objetivo central es devolver las garantías de control a un nodo agroexportador por el que transitan más de 3.000 buques al año (1.000 de ellos de ultramar) y recuperar más de 500 puestos de trabajo destruidos tras la medida nacional.
Las imágenes presentadas en el recinto: transacciones y riesgos en radas
En declaraciones al programa conducido por Gloria de los Ríos en Radio Horizonte, Traferri detalló los argumentos presentados en el Senado provincial para fundamentar la urgencia de la norma, incluyendo material audiovisual decisivo:
«Nos llegaron filmaciones de cómo transan arriba de los buques, cómo suben elementos no autorizados y cómo se pagan operaciones en dólares sin ningún tipo de control. Esto demuestra que no puede no haber un control presencial supervisado por la Prefectura Naval Argentina», afirmó el legislador sanlorencino.
El senador advirtió que la ausencia de controles en la interfaz puerto-buque expone a la región a delitos de escala internacional:
- Narcotráfico y contrabando: El antecedente directo de cargamentos de estupefacientes disimulados en la carga con destino a grandes puertos europeos como Holanda, Bélgica o Alemania.
- Trata de personas: El abordaje no registrado de civiles a embarcaciones de ultramar. “Si sube una persona no autorizada a un buque y desaparece en la ruta oceánica, no la encontrás nunca más”, graficó.
- Contaminación ambiental: El vertido ilegal de aguas de lastre sin el debido tratamiento biológico, lo que ya introdujo especies no autóctonas al ecosistema del río Paraná afectando la fauna íctica nativa.
Costo cero para el Estado y apoyo en Diputados
Traferri enfatizó que la restitución del servicio no representa erogación alguna para los municipios, la provincia ni la Nación, dado que es un costo menor asumido por los fletes internacionales: “El costo de un sereno de buque es insignificante dentro de la matriz operativa y lo pagan quienes se llevan los granos y los subproductos de nuestra región al mundo”.
Tras la media sanción en la Cámara Alta, el proyecto pasa a Diputados con el compromiso de legisladores de diversos bloques como Carlos del Frade, Alejandra Rodenas y Lucila De Ponti para convertirlo en ley en las próximas semanas.
Respaldo al SOEPU y reclamo por Pampa Energía
Durante la entrevista, el senador abordó también las gestiones que viene realizando junto al SOEPU frente al anuncio de paralización de la planta de caucho sintético de Pampa Energía en Puerto General San Martín.
Traferri solicitó la pronta intervención del Ministerio de Trabajo (con Julio Genesini al frente) y del Ministerio de Producción de Santa Fe, recordando el antecedente de Dow Chemical, donde la movilización provincial logró frenar momentáneamente el retiro de la firma.
«Pampa Energía es la única proveedora de caucho sintético de la Argentina. Si la planta no continúa y el Estado no la acompaña, se encarecen los neumáticos y toda la industria del caucho, terminando por pagarlo todos los consumidores. A veces el Estado tiene que eximir de algunos impuestos por un tiempo para sostener la producción y el trabajo nacional», concluyó Traferri.
