Las pintadas que aparecieron hace una semana en distintos edificios de Rosario, primero en queja por el humo y las balas y después contra la política, muestran con claridad la indignación de la gente por lo que está pasando en la ciudad.
Así como ocurre con los incendios en las islas, queda la sensación de que la política no toma dimensión de lo que sucede con el crimen organizado. Está a la vista: a los poderes ejecutivos de la provincia y la Nación les falta energía, decisión y ganas de terminar con este problema; a la Intendencia también le toca su parte, pero es en menor medida porque tiene menos campo de acción para actuar.
Hay recursos económicos y humanos para avanzar con una posible solución. Pero, como se apuntó más arriba, queda flotando la certeza de que faltan coordinación y ganas. Esto se corrobora con el testimonio de actores relevantes de nuestra sociedad como el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, quien dijo que en la provincia de Santa Fe no hay Policía.
Otro testimonio que se suma en el mismo sentido es el del intendente Pablo Javkin, que sostuvo que la mayoría de los actos de violencia se producen en no más de cinco esquinas de un barrio. Si bien el delito está diseminado por la ciudad, hay epicentros en dos o tres barrios que deberían estar controlados por las autoridades tanto nacionales como provinciales.
Estas declaraciones están en sintonía con las de la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien aportó un dato relevante: las balaceras y homicidios ocurren en apenas el 17 por ciento del territorio de la ciudad.
Alguien tiene que hacerse cargo de que en Rosario haya apenas 32 patrulleros en las calles, según reconoció el nuevo jefe de Policía de la provincia, Miguel Ángel Oliva. Lo esperable, de acuerdo a la opinión de Javkin, es que debería haber no menos de 120 móviles por turno. Ante semejante situación, es obvio que hay gente que está haciendo las cosas muy mal.
Y hay más: hace seis meses que los fiscales vienen diciendo que el 90 por ciento de las balaceras y las extorsiones se planifican en las cárceles. Y no hay ninguna solución. Tampoco se conoce quiénes son los que deben arreglar este problema. ¿Son los titulares del Servicio Penitenciario provincial y federal? ¿O será que ellos no tienen recursos para hacer frente a este problema? Si no cuentan con los medios entonces hay que seguir buscando hacia arriba para dar con quienes no les asignan esos recursos: hay que conocerles las caras, los nombres y los apellidos a esos funcionarios que no hacen bien su trabajo.
Lo dijo con toda claridad el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini: no es tan complejo cortar con la gestión de delitos desde la cárcel. Esta afirmación no hace más que corroborar el planteo de fondo: no hay decisión política para tomar acciones contra la violencia organizada. ¿No se actúa por incapacidad, por corrupción o por conveniencia política? No se sabe. Pero sí está claro que es el momento de empezar a conocer a los responsables de la inacción. Si no saben hacer su trabajo que se vayan a su casa o que rindan cuentas ante la Justicia.
