El empresario rosarino es el acreedor más combativo del concurso de la empresa Vicentin. Luego de conocerse la denuncia que tiene a Vicentín como querellante y que busca probar que Grassi encabezó una estafa procesal y una extorsión en todos estos años de trámite del concurso de acreedores de la agroexportadora.
En el comunicado firmado por Mariano Grassi hace un repaso de todas las causas penales que fueron imputadas por fiscales de Rosario contra los directivos de Vicentin y Renova. El tema de Rosario no es menor en el cruce de comunicados porque es Vicentin el que sostiene que se utilizó la justicia de Rosario con denuncias permanentes para que acuse a los directivos y trabe medidas cautelares contra los bienes de la empresa.
“Las autoridades de Vicentin denuncian estafa procesal, porque la justicia les puso un freno y no les permitió pagar una parte insignificante de la deuda con el botín robado”, así inicia el comunicado agregando “en 2020, la justicia penal congeló todos los activos de Vicentin y de sus accionistas para evitar el vaciamiento de la empresa. Entre esos activos están las acciones de Renova SA que le quedan a Vicentin (33%), luego de que días antes de declarar su default le vendiera al grupo Viterra 16,7%, encontrándose en investigación por la justicia Penal el destino que se le dio a los fondos de esta venta. Estas medidas incluso fueron recientemente sostenidas unánimemente por 3 jueces penales”, asegura Grassi.
El empresario rosarino hace un recontó de las acusaciones de los fiscales de Rosario Narvaja y Moreno contra directivos de Renova y Vicentin asegurando que Vicentin denunció que esto es una falsa denuncia y que los fiscales pidieron la elevación a juicio de estas acusaciones por 55 mil toneladas de soja que Commodities (empresa de Grassi) decía tener en Renova SA.
En relación al concurso Grassi hace referencia a la Corte Suprema de Santa Fe y desafía a Vicentin “Si Vicentin está convencido de la legalidad de su propuesta abusiva y parcial, que compita en el Cramdown y lo gane. Quizás, solo quizás, el fallo de la Corte Suprema de
Santa Fe (5 votos a 1) del 22 de octubre de 2024, con el que se inició el proceso para evaluar la legalidad de su propuesta los dejó sin otra opción más que sacar a la luz FALSAS DENUNCIAS QUE TENDRIAN COMO OBJETIVO AMEDRENTAR, USANDO LA
JUSTICIA PENAL, A UN ACREEDOR QUE SIMPLEMENTE LUCHA POR RECUPERAR LO QUE LE ROBARON”.
Las dos partes tienen algo en común y tiene que ver con el rol de la justicia. Los dos sostienen que se utiliza la justicia para amedrentar y condicionar. Todo hace suponer que el final de todo esto no tendrá ganadores y si muchos perdedores, que somos todos los habitantes de la provincia de Santa Fe que será considerada como un lugar sin seguridad jurídica para invertir.
