Los tribunales de la ciudad de San Lorenzo se han convertido en el epicentro de un debate penal y jurídico que promete marcar un antes y un después en la jurisprudencia medioambiental de la República Argentina. El foco de la controversia recae sobre un flagelo histórico del Cordón Industrial: la mega contaminación generada por empresas químicas e industriales que, al momento de cesar sus operaciones, abandonan sus plantas sin realizar la remediación de sus pasivos ambientales.
En la dinámica corporativa, al momento de venderse o liquidarse, una empresa contabiliza activos, valor de marca e intangibles, pero frecuentemente oculta o dilata los pasivos. En el caso de las industrias de alto impacto, esos pasivos se traducen en tierras arrasadas y miles de toneladas de residuos tóxicos que representan una bomba de tiempo para las comunidades aledañas y los ecosistemas fluviales. Hoy, la Justicia sanlorencina tramita dos expedientes titánicos que exponen la desidia corporativa, la connivencia política y los laberintos del poder judicial: el caso de Petroquímica Capitán Bermúdez (vinculado al empresario Sergio Taselli) y el caso de AR Zinc en Fray Luis Beltrán (ligado al holding Glencore y a Integra Capital).
El caso Petroquímica Capitán Bermúdez y el imperio Taselli
El primer gran debate judicial que sacudió los cimientos de los tribunales de San Lorenzo y escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe fue el de Petroquímica Capitán Bermúdez. La empresa es propiedad del controvertido empresario Sergio Taselli, un ejecutivo que, durante las épocas del kirchnerismo, forjó un modelo de negocios basado en la adquisición de empresas en crisis para poder hacerse de millonarios subsidios del Estado. Bajo esta misma matriz, Taselli había adquirido en la región la ex fábrica de tractores Massey Ferguson, ubicada en Granadero Baigorria.
Petroquímica Capitán Bermúdez entró en una crisis terminal y fue abandonada luego de que la histórica papelera Celulosa (también radicada en Bermúdez) cambiara su matriz de producción y dejara de utilizar cloro, el principal producto que fabricaba la firma de Taselli. El cierre de la planta dejó tras de sí un predio de 21 hectáreas severamente contaminadas, un pasivo ambiental que nadie se dispuso a sanear.
La red de encubrimiento y el polémico perdón judicial
El derrotero penal del caso Taselli expone una de las tramas de presunta corrupción y encubrimiento más oscuras de la justicia provincial. La denuncia inicial fue impulsada en San Lorenzo por el ex fiscal Juan Carlos Ledesma (hoy apartado de la jurisdicción). Sin embargo, el accionar de Ledesma no fue independiente: respondía a las órdenes directas del entonces fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, quien en la actualidad se encuentra detenido a la espera de juicio, acusado de liderar una organización ilícita dedicada al facilitamiento del juego clandestino.
El punto de quiebre y el mayor escándalo de esta causa tuvo lugar el 8 de marzo de 2019 en los tribunales de San Lorenzo. Aquel día, el juez Juan José Tutau decidió cerrar el caso contra Taselli basándose en un “criterio de oportunidad”. En la práctica, el fiscal Ledesma había desistido de acusar al empresario, otorgándole un perdón incomprensible frente a un desastre ambiental de tamaña magnitud.
Tras la caída en desgracia y detención de Serjal, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery reactivaron la causa en diciembre de 2020. Ambos funcionarios solicitaron anular la decisión judicial de Tutau, argumentando que aquel cierre había sido parte de un plan delictivo orquestado por Serjal y el ex fiscal de Estado de la provincia, Gustavo Luzzini, para beneficiar a los empresarios (los hermanos Taselli y Matías Gallegos), permitiéndoles evitar los astronómicos costos de la reparación del medio ambiente. Para Edery y Schiappa Pietra, no resultaba ilógico pensar que ese perdón injustificado se debiera al cobro de sobornos. Argumentaron, además, que el delito de encubrimiento imputado a Serjal es autónomo y no depende del hecho delictivo que intenta encubrir.
El largo camino judicial hasta la Corte Suprema provincial
Con la causa reactivada, el expediente fue asignado al juez Carlos Gazza, quien en una decisión contundente argumentó que la contaminación representaba un peligro evidente para la comunidad y afectaba derechos colectivos de raigambre constitucional. En junio de 2022, el Tribunal Pluripersonal de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario respaldó esta postura, rechazando un recurso de inconstitucionalidad de la defensa y confirmando la decisión de Gazza de reabrir la investigación por la contaminación de las 21 hectáreas, destacando que los acusados nunca habían sido siquiera citados a declarar.
Frente a este escenario, los defensores de Taselli recurrieron a la Corte Suprema provincial aduciendo que su cliente no podía ir a proceso porque se violaría la garantía del ne bis in idem (ser juzgado dos veces por el mismo delito). Cabe destacar que la primera defensa del empresario la asumió el ex ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, mientras que hoy la representación legal está a cargo del abogado Jorge Ilharaescondo. Por su parte, la defensa de Luzzini es ejercida por Alejandro Parolo y Claudio Puccinelli, y la de Serjal por Ignacio Carbone.
El 30 de noviembre de 2024, el máximo tribunal santafesino emitió un fallo que sacudió el tablero: con los votos a favor de Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi, Eduardo Spuler y el camarista Gentile Bersano, la Corte aceptó el recurso de inconstitucionalidad planteado por la defensa de Taselli, declarando inconstitucional el fallo de reapertura y cerrando momentáneamente la persecución penal. Los votos en disidencia, que abogaban por continuar la investigación, fueron de Daniel Erbetta, Mario Netri y Roberto Falistocco. Ante este revés, el fiscal Schiappa Pietra adelantó en su momento que apelaría el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La formalización de esta parálisis judicial se había materializado en una audiencia preliminar presidida por el juez Gazza, con la presencia de los fiscales José Luis Caterina y Schiappa Pietra, y las defensas de los imputados. Allí, el abogado Puccinelli explicó que, al admitir el recurso la Corte, se suspendía la ejecución de la nulidad del fallo original del juez Tutau. Esto impidió avanzar en el proceso penal contra los imputados por incumplimiento de deberes y encubrimiento, consolidando la impunidad sobre el predio de Bermúdez.
AR Zinc, el pasivo en Fray Luis Beltrán y el riesgo sobre el Paraná
Mientras el caso Taselli navega por los laberintos de la Corte Suprema, un caso de similares (o peores) proporciones ambientales cobró un impulso inesperado en la fiscalía de San Lorenzo. Se trata del predio de la ex AR Zinc, abandonado desde que el gigante global Glencore decidió cerrar sus operaciones de lingotes de zinc y dar por terminada su etapa industrial en la ciudad de Fray Luis Beltrán.
El predio de AR Zinc presenta una geografía crítica: una parte se asienta directamente sobre la costa del Río Paraná, mientras que otro sector se ubica cercano a la autopista Rosario-Santa Fe. En ambos espacios se acumulan pasivos ambientales monumentales a la espera de su disposición final, destacándose la existencia de aproximadamente 800.000 toneladas de residuos tóxicos derivados del procesamiento de metales pesados, entre ellos, la peligrosa jarosita.
Tras la salida de Glencore, el predio fue adquirido por Integra Capital, el holding energético liderado por el empresario y ex ministro de Carlos Menem, José Luis Manzano. Desde la efectivización de la compra, se han registrado diversas reuniones entre el intendente de Fray Luis Beltrán, Mariano Cominelli, y los colaboradores directos de Manzano. El objetivo central de estos encuentros es analizar la viabilidad de transformar el predio en un puerto dedicado exclusivamente a la exportación de minerales, con un fuerte foco en el litio, un rubro donde Integra Capital posee una presencia dominante.
Sin embargo, el pasivo ambiental heredado frenó los planes y encendió las alarmas judiciales. El impulso de la causa penal recayó en el fiscal Maximiliano Nicosia, un funcionario de la sede San Lorenzo (Fiscalía Regional 2) al que, dentro del organigrama judicial, nadie imaginaba asumiendo un caso de esta complejidad, dado que actualmente tiene a su cargo la unidad de “delitos culposos”.
El fallo contra AR Zinc y el ultimátum judicial
El 25 de septiembre de 2026, los tribunales de San Lorenzo fueron escenario de una audiencia crucial. El fiscal Nicosia solicitó formalmente el “cese de estado antijurídico” a la empresa AR Zinc S.A., exponiendo la extrema gravedad del impacto ambiental en la zona de Fray Luis Beltrán y los peligros de un daño inminente e irreversible.
La Fiscalía fundamentó su pedido remarcando que el riesgo ambiental afecta de forma directa a toda la región. Nicosia exigió el apuntalamiento urgente de la barranca costera ante el peligro inminente de derrumbe, el cerramiento del predio para evitar afectaciones a personas que pudieran ingresar, y la remediación definitiva del pasivo en el suelo. La situación resulta de una criticidad absoluta considerando los pronósticos meteorológicos que advierten sobre la llegada del fenómeno climático de “El Niño” para los próximos meses; un hipotético colapso de la barranca generaría el volcado masivo de la jarosita y la contaminación directa e irreversible de las aguas del río Paraná.
En la audiencia, de la cual también participaron el Dr. Domingo Rondina (en representación de la Fiscalía de Estado) y el secretario Gustavo Leonel (por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático), se expuso que la empresa ya contaba con un antecedente de incumplimiento: una orden del Juzgado Civil dictada en 2022 (sobre un expediente iniciado en 2020) que la obligaba a realizar las obras de apuntalamiento, mandato que la firma ignoró sistemáticamente.
Frente a la contundencia de las pruebas, el juez Eugenio Romanini dispuso medidas urgentes y de realización inmediata. El magistrado ordenó a AR Zinc S.A. que inicie en el acto las gestiones técnicas para la estabilización de la barranca lindera al río Paraná y la contención de la dispersión del residuo tóxico. El ultimátum judicial fue estricto: la empresa tiene un plazo perentorio de 10 días para informar el plan de acción elegido (remoción o tratamiento/contención del material) y un plazo de 15 días para presentar la documentación técnica detallada junto al equipo profesional a cargo. Romanini fijó un cronograma de ejecución estricto que no podrá extenderse por más de 8 meses, obligando a la firma a presentar informes quincenales de avance que serán supervisados periódicamente por la fiscalía regional, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.
El gigante Glencore y su sombra estratégica en la región
Mientras el desastre de la jarosita amenaza el río Paraná, la multinacional Glencore, antigua propietaria del predio y responsable original del pasivo, no ha abandonado la zona; por el contrario, busca consolidar su logística desde la región. El gigante global planea reactivar a toda costa el puerto de Minera Alumbrera, ubicado en Puerto General San Martín.
Esta terminal portuaria resulta una pieza clave en el engranaje internacional de la compañía para la exportación de los minerales extraídos en el noroeste y cuyo este del país. Los proyectos de Glencore son faraónicos: planean reabrir la histórica mina de cobre y oro Bajo La Alumbrera (Catamarca) hacia el año 2027, tras varios años de inactividad. En paralelo, y operando de forma integrada con Alumbrera, la firma proyecta el desarrollo del yacimiento Agua Rica y MARA (también en Catamarca), con expectativas de una producción monumental de cobre a partir de 2032, traccionada por inversiones amparadas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El mapa logístico se completa con El Pachón (San Juan), un yacimiento gigante de cobre y molibdeno que se encuentra en una etapa avanzada de inversión y desarrollo, cuyo producto final también buscará su salida al mundo a través del Up River santafesino.
Comienza un intenso derrotero judicial, el caso Taselli va camino a la impunidad mientras las bombas de cloro nadie sabe donde están y cuantos afectaron, veremos que sucede con AR Zinc, teniendo ante todo la certeza del pesimismo.
