La causa Vicentin entró en su fase más crítica. Sin resolución judicial definitiva, sin garantía de cobro para los trabajadores y con la empresa paralizada, el escenario es cada vez más inestable. Este viernes a las 9 de la mañana, el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, encabezará una audiencia clave para intentar evitar lo que ya se empieza a sentir como inevitable: la quiebra del grupo.
Lorenzini —quien en su momento se excusó de seguir al frente del expediente alegando “violencia moral” tras el avocamiento de la Corte Suprema de Santa Fe— hoy se muestra como uno de los pocos actores judiciales que realmente busca evitar el colapso. Sabe que una quiebra desordenada no solo arrastraría a cientos de trabajadores, sino que también pulverizaría el valor de los activos de la empresa, complicando aún más el cobro para los acreedores.
La Corte provincial aún no resolvió si acepta o no el planteo de Vicentin para que sea la Corte Suprema de la Nación la que intervenga en la causa y decida sobre la homologación del concurso. Mientras tanto, todo está suspendido: ni se avanza, ni se liquida, ni se cobra. Nadie tiene el poder efectivo de tomar una decisión. En ese limbo judicial, los trabajadores quedan atrapados.
Este martes, el gremio aceitero se reunió con los trabajadores en la planta de Ricardone, en San Lorenzo. La preocupación es absoluta: la empresa ya no paga salarios, suspendió el transporte privado para ingresar a las fábricas —una medida mínima que servía como símbolo de continuidad— y no hay señales claras de reactivación. Los dirigentes sindicales fueron claros: sin garantías judiciales, no hay futuro.
En este contexto, llamó la atención una presentación del diputado provincial Carlos Del Frade, quien pidió formalmente que los directivos de ACA, Bunge y Viterra —tres firmas que fueron las que garantizaron estos 4 años los fasones para que la empresa siga funcionando un punto no menor que mostró el interés en absorber parte del negocio de Vicentin— asistan a la Cámara de Diputados a dar explicaciones. El proyecto, si bien busca generar presión política, parece quedar lejos de las urgencias concretas del conflicto: hoy no hay sueldos, no hay funcionamiento, no hay certezas.
Mientras tanto, la planta de Ricardone —estratégica en el entramado agroexportador del Cordón Industrial— sigue cerrada. Y lo más grave: sin un marco jurídico que ordene la situación, las piezas clave del grupo pueden comenzar a perder valor o pasar a manos de terceros sin ningún tipo de control ni planificación.
Lorenzini convocó a la audiencia para este viernes con la idea de reunir a los directivos y abrir la discusión a todos los interesados. La pregunta es si alcanzará. La Corte aún no resolvió. La Nación no interviene. La provincia apenas se asoma. Y el gremio empieza a quedarse sin margen.
El final aún no está escrito, pero todos los signos con los tiempos eternos de la justica apuntan a una salida traumática. Vicentin, el gigante del norte santafesino, puede terminar implosionando mientras el sistema judicial se debate entre jurisdicciones y los trabajadores miran desde la puerta de la fábrica cómo se apagan las luces.
