El Concejo Municipal de San Lorenzo será escenario este jueves de un debate que promete marcar un antes y un después en la transparencia de la gestión pública local. Bajo el impulso decidido del concejal Fernando Bassán, tomará estado parlamentario un ambicioso proyecto de ordenanza que busca establecer la obligatoriedad de exámenes toxicológicos, tanto iniciales como periódicos, para todo el personal político de la ciudad.
La iniciativa de Bassán, que ingresó formalmente bajo el expediente N° 30185, no deja lugar a grises al proponer que tanto el Intendente como los secretarios, concejales y asesores políticos se sometan a estudios médicos rigurosos para garantizar la aptitud y la transparencia en el ejercicio de sus funciones. El proyecto estipula que los estudios deben realizarse al momento de asumir el cargo y repetirse de manera obligatoria cada seis meses, contemplando análisis de sangre, orina y cabello capaces de detectar sustancias como marihuana, cocaína, anfetaminas y opiáceos.
Para otorgar una garantía adicional de rigurosidad, Bassán incluyó en su propuesta la participación de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario, la cual actuaría como organismo de contralor externo en convenio con la Secretaría de Salud Municipal. En un gesto de apertura hacia la comunidad, el concejal plantea que, de resultar negativos la totalidad de los exámenes de un período, los mismos sean publicados en las páginas web oficiales del Municipio y del Concejo para conocimiento de toda la ciudadanía.
Lejos de buscar una sanción punitiva inmediata, la propuesta de Fernando Bassán contempla un esquema de recuperación para quienes arrojen un resultado positivo confirmado. En tales casos, el funcionario deberá iniciar un tratamiento médico y psicológico obligatorio y quedará suspendido preventivamente por hasta cuatro meses para enfocarse en su rehabilitación. No obstante, la iniciativa es tajante respecto a la reincidencia, la cual podría derivar en la suspensión definitiva o remoción del cargo según la gravedad del hecho y la normativa vigente.
Con este proyecto, Bassán se posiciona a la vanguardia de una demanda social creciente que exige funcionarios con una integridad comprobable, poniendo a San Lorenzo en el centro del debate sobre la calidad institucional en la provincia de Santa Fe.
