El escándalo por el presunto uso de fondos de una asociación civil para financiar campañas políticas ya tiene impacto en toda la provincia. La denuncia presentada por Provincias Unidas, el espacio que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro, contra la alianza Fuerza Patria —que llevó como candidatos a Caren Tepp y Agustín “Chivo” Rossi— podría marcar un antes y un después en la forma de investigar el dinero detrás de las campañas electorales en Santa Fe.
De acuerdo con la presentación judicial, la Asociación Civil 29 de Abril, creada originalmente para asistir a las víctimas de la inundación de 2003 en la capital provincial, habría destinado más de 21 millones de pesos en publicidad digital y gráfica durante la última elección, con el objetivo de favorecer a Tepp y a Oscar “Cachi” Martínez, principales referentes de Fuerza Patria.
Los informes de transparencia publicitaria de Google también habrían detectado contrataciones a nombre de Pedro Medei, tesorero de la entidad y candidato local en los mismos comicios, lo que para los denunciantes constituye un uso político de recursos de una ONG, prohibido por las normativas vigentes.
Schmuck: “La Justicia debe investigar y sancionar”
La presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, fue una de las primeras dirigentes en pronunciarse sobre el caso.
“No se puede en nombre de juntar votos hacer cualquier cosa”, afirmó en declaraciones a Radio Boing.
“La financiación de las campañas electorales tiene que ser clara. Hay leyes para eso. La Justicia tiene que investigar y aplicar las sanciones correspondientes si corresponde”, remarcó.
Schmuck consideró “muy grave” que una organización de asistencia social termine financiando actividades partidarias. “Es realmente llamativo que una entidad creada para ayudar a víctimas termine poniendo recursos en publicidad política”, completó.
Ecos en San Lorenzo: una denuncia similar duerme en los despachos judiciales
El caso santafesino reavivó las críticas sobre una causa de características casi idénticas que permanece sin avances en la ciudad de San Lorenzo. Allí, una auditoría provincial derivó en una denuncia contra la ONG Protegiendo Sueños, liderada por militantes del actual concejal peronista Esteban Arico.
La investigación fue impulsada por la ministra de Igualdad y Derechos Humanos, Victoria Tejeda, luego de detectar irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a comedores comunitarios. Según la presentación, se habrían utilizado recursos del Estado para actividades proselitistas y electorales, bajo la fachada de asistencia social a niños vulnerables.
El expediente quedó en manos del fiscal de Delitos Complejos, Dr. Caterina, pero no registra avances sustanciales. Dirigentes locales señalan que la causa “duerme” y especulan con un posible pacto político entre sectores vinculados al oficialismo provincial y referentes del peronismo local.
La presión política y el antecedente Tepp
La visibilidad que cobró la denuncia contra Tepp y Fuerza Patria podría acelerar las actuaciones judiciales en San Lorenzo.
El caso refleja una matriz de irregularidades en el financiamiento de la política con fondos de asociaciones civiles que, en teoría, deberían estar orientadas a fines sociales.
Desde el entorno de Provincias Unidas sostienen que la justicia debe actuar con el mismo rigor en todos los casos, sin importar el signo político de los involucrados.
Mientras tanto, en San Lorenzo, crece la presión para que el Ministerio Público de la Acusación reactive una investigación que podría exponer el uso de recursos públicos destinados a la asistencia social con fines partidarios.
Una práctica extendida bajo la lupa
El uso de ONG y asociaciones civiles como pantalla para canalizar fondos hacia campañas políticas es una práctica cada vez más observada por la Justicia Electoral y los organismos de control.
Los dos casos —el de Fuerza Patria en Santa Fe y el de Protegiendo Sueños en San Lorenzo— muestran que, detrás del discurso solidario, puede esconderse una estructura política y económica utilizada para financiar espacios electorales.
Las declaraciones de Schmuck, que marcaron la línea política del oficialismo santafesino, fueron contundentes:
“No se puede en nombre de juntar votos hacer cualquier cosa. La transparencia no se negocia.”
