“Nuestra denuncia precipitó las investigaciones contra Zacarías”

Así lo señaló el concejal sanlorencino Eduardo Ros en relación a la presentación judicial por presunto lavado de dinero efectuada en noviembre pasado


El concejal sanlorencino Eduardo Ros ofició, esta mañana, una conferencia de prensa en la que expuso detalles sobre la presentación realizada el pasado 8 de noviembre de 2012 ante el Juzgado Federal de Rosario y por la que solicitaba que se abriera una investigación para determinar si el origen del dinero utilizado para la construcción de un gimnasio en esta ciudad “es producto de actividades provenientes del narcotráfico”.

El edil explicó que tal pedido, introducido en la Fiscalía Federal Nº1 de Rosario y acompañado, además de su firma por la del doctor Mario Duckler, asesor letrado de la Municipalidad de San Lorenzo, respondía a un artículo periodístico en el que Marcelo Remondino (vecino de la ciudad y ex funcionario municipal) señalaba tal versión.

“Fuimos los primeros en denunciar el hecho en la Justicia Federal; por entonces, y ante los primeras versiones periodísticas que alertaban un posible lavado de dinero proveniente del narcotráfico, no dudamos en acudir a esa instancia, a pesar que ni el Concejo Municipal ni el Departamento Ejecutivo tienen obligación legal alguna de investigar los fondos que se invierten en la ciudad”, precisó Ros.

David “Delfín” Zacarías, detenido el pasado jueves en Funes y acusado de montar una “cocina” para la obtención de cocaína en una casa de fin de semana de esa localidad, está construyendo desde 2010 dos propiedades en San Lorenzo: una situada en Costanera y Pasaje Cavigioli, presuntamente para uso personal, y otra en Congreso y Vélez Sarfield, con destino a un mega gimnasio.

Ambas son promovidas por una firma en la que su hija, Flavia Zacarías, aparece como apoderada.

“Fuimos los único en identificar a alguien vinculada con esta causa y fuimos el único municipio en toda esta provincia que se presentó ante la Justicia disponiendo de nombre y apellido a quien investigar. Seguramente que este pedido sirvió para impulsar el desenlace, ya conocidos por todos y que acabó en un operativo policial durante la semana pasada, por eso queremos felicitar a la Justicia y a todos quienes participaron de estas pesquisas”, afirmó el concejal, que al momento de dicha denuncia ocupaba la presidencia del cuerpo deliberativo.

La concreción del proyecto para el gimnasio mereció un pedido de excepción en el Código Urbano vigente. “La empresa nos solicitó incluir un par de pisos más de lo permitido, algo que fue debatido en el seno del cuerpo y terminado por ser aprobado al entender que se trataba de una inversión para la ciudad y no había oposición del vecindario. A la par, se comprometió a realizar algunas mejoras en el barrio, como cordones cuneta, iluminación pública y el remozado de la placita, que fue apadrinada por Flavia Zacarías. Esto se aprobó por unanimidad de los concejales”, destacó Ros, aludiendo a que por entonces, ninguno de los ediles (oficialistas y opositores) sospechaba de los orígenes del dinero, presuntamente, mal habido.

“Hay sectores políticos que apuntan a San Lorenzo como centro del narcotráfico, el lugar donde este narcotraficante centraba su lavado de dinero. Pero, curiosamente, acá se trata de dos propiedades, cuando se indicó que posee más de cuarenta inmuebles; acá se acusa a esta gestión municipal y a los concejales del oficialismo por no indagar la procedencia de tal inversión, cuando fuimos los primeros y los únicos que hicimos una denuncia con la seriedad del caso; acá algunos hablan por los medios y no ante la Justicia Federal, como nosotros, que guardamos silencio y no expusimos el caso para no entorpecer las investigaciones”, enumeró Ros.

Y se preguntó: “Por qué nadie informa o denuncia las propiedades que este hombre o la sociedad que integra dispone en otras ciudades; por qué nada se dice de Funes, donde se halló la cocina para producir cocaína; o de Timbúes, donde también se hizo otro allanamiento positivo; o de Granadero Baigorria, donde Zacarías tenía su domicilio particular y el de su empresa constructora, además de regentear una remisería, un servicio público que le fue aprobado por aquel municipio y su Concejo Municipal. Todo resulta muy sugestivo”, concluyó.

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