rimero fue la Justicia federal de Santa Fe. Apenas 40 días después, llegó el turno de Reconquista. En solo seis semanas, el exjefe de AFIP Santa Fe y Rosario, Carlos Vaudagna, sumó dos procesamientos en causas penales distintas, pero con un origen común: el contenido de sus teléfonos celulares.
Según publicó el periodista José Curiotto en Aires de Santa Fe, los investigadores accedieron a más de una década de chats de WhatsApp que hoy salpican a jueces, empresarios, abogados, financistas, operadores judiciales y sindicalistas de la provincia. Ese material disparó una serie de expedientes que ya involucran a alrededor de 30 personas y movilizan a nueve fiscales federales y tres procuradurías nacionales, entre ellas la PROCELAC y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
El último avance judicial llegó desde Reconquista, donde el juez federal Ricardo Alcides Mianovich procesó a Vaudagna y al expresidente de Vicentin, Omar Scarel, por su presunta participación en maniobras destinadas a encubrir la apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, por más de 143 millones de pesos. Ambos quedaron acusados como coautores de encubrimiento por favorecimiento personal, delito que en el caso de Vaudagna se agrava por su condición de funcionario público.
Además, el exjefe de AFIP enfrenta procesamiento por lavado de activos, agravado por habitualidad y por haber sido cometido durante el ejercicio de sus funciones. Según la investigación, Vaudagna habría buscado beneficios económicos ilícitos, utilizando testaferros, familiares y estructuras societarias para adquirir bienes, manejar una mutual y canalizar fondos a través de empresas privadas.
El juez dispuso embargos millonarios: 700 millones de pesos para Vaudagna y 200 millones para Scarel.
Este expediente se suma al fallo emitido en octubre por el juez federal Aldo Alurralde, que procesó a Vaudagna –quien declaró como imputado arrepentido– y al jefe interino de la Agencia Santa Fe del ARCA, Néstor Javier Bermúdez, por abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, violación de secretos y tráfico de influencias. En ese caso también se investiga al empleado del organismo Diego Raúl Cignetti, sospechado de utilizar falsas fundaciones educativas en Uruguay para evadir controles cambiarios y comprar dólares con fondos presuntamente vinculados a hechos de corrupción.
El impacto del Caso Vaudagna también alcanzó a Rosario. A partir de la información extraída de los celulares, el exjuez federal Marcelo Bailaque cumple prisión domiciliaria, acusado de integrar una organización que habría extorsionado a empresarios rosarinos mediante denuncias falsas, junto a Vaudagna y el financista Fernando Whpei, quien declaró como arrepentido.
Otro magistrado involucrado es Gastón Salmain, señalado por habilitar una operación cambiaria que permitió la compra de 10 millones de dólares a precio oficial en diciembre de 2023, generando una ganancia estimada de 2 millones, sobre la cual habría recibido una comisión.
En este contexto, el procesamiento de Scarel vuelve a poner a Vicentin en el centro del escenario judicial, cuando la compañía atraviesa una definición clave en el proceso de cramdown.
Los frentes penales vinculados a la agroexportadora continúan acumulándose y, según la información publicada por Curiotto, no hay señales de que el avance judicial se detenga en el corto plazo.
