El conflicto entre Vialidad Provincial y la comuna de Oliveros sumó nuevas instancias en los últimos días tras conocerse que desde esa repartición presentaron un recurso de amparo contra la Comuna para continuar con la construcción de desvío de la ruta 91 a la altura de Villa La Ribera. Oliveros resistió la avanzada judicial con sus argumentos, entendiendo que nunca se apartó de los límites legales que le confiere su autonomía, y la Justicia no se expidió: requirió más información a Vialidad justo sobre el filo del inicio de la feria judicial y, por lo tanto, durante dos semanas no habrá novedades.
Vialidad planteó básicamente en el recurso de amparo ante los Tribunales de San Lorenzo que Oliveros no tiene ni injerencia ni facultades para controlar la obra que se desarrolla sobre su distrito, y que tampoco puede ejercer poder de policía requiriendo documentación a la empresa contratista, Vial Agro SA. Con ese argumento solicitó que quede sin efecto la clausura que Oliveros realizó sobre la obra de desvío de la ruta 91 para que se retomen los trabajos.
Desde la Comuna se defienden con la ley en la mano: sostienen que su postura está amparada en los artículos 24 y 60 de la ley de Obras Públicas; pero sobre todo en el artículo 25 de la ley de Vialidad Provincial, que señala que las obras que se realicen para dominio público (como en este caso) no le quita a la administración comunal la facultad de policía y de control. “La propia Vialidad nos da la razón”, aseguraron desde Oliveros.
“La empresa Vial Agro SA. es una contratista que ganó una licitación, pero debe cumplir con las normativas nacionales, provinciales y municipales o en este caso comunales. Eso surge de la ley de Obras Públicas en el artículo 24 y en el 60. Además, la ley de Vialidad Provincial establece en el artículo 25, que es el más importante de todos y el que acredita que la comuna de Oliveros tiene razón, y dice que todos lo bienes afectados a los caminos o todo lo que haga vialidad y lo sume la dominio público hace que efectivamente Vialidad lo sume al estado provincial, pero que eso no quita que las comunas donde se desarrolla la obra pierda el poder de policía”, explicó el asesor letrado de Oliveros Sebastián Darrichón.
Darrichón, quien lleva adelante la defensa comunal, advirtió además que “Vialidad ya reconoció que la empresa tiene que inscribirse y realizar todos los trámites administrativos en Oliveros, en la Orden de Servicio N° 28, emitida por ellos mismos en 18 de junio”.
La Justicia sanlorencina no se expidió sobre el recurso de amparo, ya que pidió más información para poder tomar una decisión. Así, le solicitó a Vialidad que acredite con documentación que la obra que lleva adelante es de dominio público; asimismo quiere saber si la empresa regularizó su situación administrativa ante la Comuna, como se lo exigió la propia Vialidad.
Sin denuncia penal
En las últimas horas trascendió que, junto con el recurso de amparo, Vialidad denunció penalmente al presidente comunal Martín Calori y al juez de Faltas Federico Martínez, algo que fue desmentido por el asesor letrado de Oliveros, Sebastián Darrichón. “No hay denuncia y tampoco nunca se notificó de la radicación de denuncia alguna”, aseguró.
