ONU: vuelven a reclamar que cesen los desalojos a indígenas en la Argentina

Defensores de los derechos de los pueblos indígenas dijo que Argentina “debe priorizar y dedicar mayores esfuerzos para implementar los derechos humanos” de esas poblaciones, tanto a nivel federal como provincial.


“En Argentinaexisten todavía legados de la época de colonización y la historia de exclusión de los pueblos indígenas sigue siendo muy visible”, remarcó James Anaya, que entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre pasados visitó varias comunidades originarias en nuestro país.

Anaya –un estadounidense de ascendencia apache– ya había advertido en julio, al presentar un informe preliminar, sobre la“brecha significativa” entre el marco normativo, en el quereconoció avances importantes en los últimos años, y su implementación real. Del debate de ayer participaron funcionarios del Estado argentino y ONG de derechos humanos y pueblos indígenas que tienen estatus consultivo dentro del Consejo.

En su informe, el representante de la Cancillería argentina mencionó como un avance la inclusión del derecho indígena dentro del proyecto de nuevo Código Civil que se debate en el Congreso, y que es resistido por algunas comunidades aborígenes. “Antes de la sesión nos reunimos con Anaya y le advertimos sobre el peligro que significa la equiparación de nuestros derechos con los derechos privados y la regulación de la propiedad comunitaria”, dijo a Clarín Verónica Huillipan, de la comunidad mapuche de Neuquén.

Cuando Anaya emitió su informe preliminar el debate sobre la reforma recién comenzaba. No obstante, en el punto 82 de la presentación final ante la ONU, el relator considera necesario actualizar la legislación nacional y provincial “para que no sea contradictoria con lo establecido por la Constitución, la legislación federal y los estándares internacionales en materia de pueblos indígenas”.

El funcionario reclamó además el cese de los desalojos de las comunidades indígenas hasta que no culmine el relevamiento técnico–jurídico de las tierras en disputa, responsabilidad del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y demorado desde hace varios años. Según la agencia de noticias AFP, la delegación argentina respondió que mediante la Ley de Emergencia 26.160 los desalojos de esas tierras fueron suspendidos hasta el 23 de noviembre de 2013, pero admitió que “luego de verificar la ausencia de los requisitos exigidos, se han ordenado desocupaciones”.

Rodrigo Gómez Tortosa, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, comentó que esa ley “tiene un escaso nivel de ejecución ” y denunció que el dirigente indígena de la comunidad Qom Félix Díaz “sufrió amenazas y agresiones ”, en el marco de un conflicto por tierras con autoridades de la provincia de Formosa.

Anaya también manifestó su preocupación por las condiciones de educación, salud y desarrollo de las comunidades y cuestionó las estadísticas oficiales sobre la cantidad de población indígena que hay en el país: para la ONU son 2 millones, mientras que el último Censo marcó 955 mil.

Comentarios