Una muy dura pugna se dará este miércoles en la audiencia reservada donde se imputa de delitos al ex fiscal de Criminalidad Organizada de Rosario Matías Edery. Lo que se dirime en este caso es si un tribunal permite o no la apertura del celular ya secuestrado al funcionario. No es un asunto menor: el fiscal ahora investigado persiguió y en varios casos logró condenas contra líderes de Los Mono y del clan Alvarado y causas complejas que rozaron a encumbrados actores de la política de Santa Fe.
La acusación indica que acceder al teléfono del fiscal es indispensable para avanzar en la imputación penal por lo que pudiera contener de evidencia incriminante. La defensa esgrime que el celular fue secuestrado de manera ilegítima porque no hubo orden judicial y que no debe accederse a su contenido.
Edery rechaza tal imputación que ahora formulan las fiscales María Laura Urquiza y Bárbara Illera. Para afirmar que no hubo ningún pacto de impunidad hacia Ortigala y que en realidad impulsó pesquisas en su contra presentó como testigos a seis fiscales que declararon en su favor en la Legislatura.
La audiencia que se realizará mañana comenzó el 5 de junio, se extendió durante siete horas y se reanuda tras un cuarto intermedio. Edery comparece en la audiencia junto a Carla Belmonte, empleada de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional Rosario, a quien también le secuestraron el celular. A pedido del defensor de ambos, el ex defensor regional de Rosario Gustavo Franceschetti, el trámite es reservado, sin presencia de público.
Se trata de un dilema que entraña asuntos muy diversos. Edery fue suspendido por la Legislatura de Santa Fe por cuatro meses por mantener un vínculo impropio con la informante Mariana Ortigala quien aportó datos en la causa contra el referente criminal Esteban Alvarado. Previamente dos fiscales habían acusado a Edery de garantizarle impunidad a Ortigala, actualmente imputada en delitos, al omitir investigarla.
Entre 2018 y 2023 Edery tuvo un fuerte protagonismo por actuar en casos de resonancia nacional. Le tocó investigar y acusar en el caso donde fueron condenados miembros de la banda de Los Monos, en hechos como el atentado homicida al casino de Rosario o los ataques a domicilios de jueces. También en el trámite que le valió condena a perpetua por asociación ilícita y homicidio a Esteban Alvarado. Y en causas de gran sensibilidad política como la de corrupción institucional ligada al juego ilegal. Un trámite que implicó la renuncia del ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal que espera juicio y el pedido de imputación del senador provincial (PJ) Armando Traferri.
En febrero pasado Urquiza e Illera imputaron a su colega Edery por delitos como encubrimiento, prevaricato, omisión de investigar e incumplimiento de deberes de funcionario público en relación a la protección que le atribuyen hacia Ortigala. Luego la Legislatura suspendió a Edery y le impuso cuatro meses de sanción que vence en dos semanas sin goce de sueldo.
La fiscal Urquiza se excusó de hablar con LPO para no quebrantar la confidencialidad de lo solicitado por la defensa. No obstante es claro por trascendidos de todo este tiempo que las fiscales aducen que se requiere abrir los teléfonos de Edery y Belmonte porque allí pueden encontrar más evidencia de delitos que ya merecieron una imputación penal.
La negativa a que esto suceda fomentan una idea que no juega a favor de los acusados. ¿Por qué dos funcionarios públicos resisten la apertura voluntaria de sus teléfonos si no tuvieran nada que ocultar? ¿Acaso los jueces de cualquier caso no convalidan rutinariamente los pedidos de pericias sobre esos contenidos?
Lo que señalaron públicamente en varias ocasiones los acusados es que abrir teléfonos que no fueron secuestrados con órdenes de un juez, que es lo que pasó en los casos de Edery y Belmonte, habilitan una suspensión de garantías irrestricta donde los derechos de cualquiera pueden ser vulnerados si es por ejemplo en una dependencia pública.
Lo que alegan como más complicado es que en este caso se tratan de los contenidos de personas que investigaron durante años a la delincuencia más agresiva que motorizó un fenómeno violento en extremo. Y que las personas que hayan tenido contacto con ellos quedarán expuestas. Muchas de ellas son funcionarios nacionales, provinciales o municipales de los distintos poderes del Estado. La preservación estricta de todo lo que no se trate de evidencia incriminante para los casos investigados puede ser reservada. Los acusados invocan el caso llamado de espionaje contra el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain para indicar que no. La participación de querellantes como parte del proceso penal adversarial supone la obligación de compartir la evidencia con lo que la fiscalía no puede asegurarse restringir o parcializar los contenidos tras la apertura forense del hardware de los aparatos.
El dilema no es sencillo de desmontar. ¿Tiene este fiscal garantías especiales que la mayoría de los imputados en un caso penal no tienen cuando se pide ver qué contiene cualquier dispositivo?, es la gran pregunta de la acusación en este trámite. Les responden que la apertura de los teléfonos, si se difundieran contenidos más allá de la voluntad de preservación de la fiscalía, expondrá a personas que durante años vivieron con custodia por sus riesgos ya que hay en ellos detalles muy informales de cómo se construyó la persecución contra actores centrales de la violencia en Rosario, además de contactos con personalidades muy relevantes del mundo institucional. Los jueces Mariano Aliau, Alejandro Negroni y Hernán Postma escucharán desde las 9 en el Centro de Justicia Penal de Rosario para llegar a una respuesta.
