Otro golpe al camionero: perdió el control de un organismo portuario

A un hombre suyo lo echaron de la Administración General de Puertos. También hubo cambios en la Superintendencia de Salud


Por si quedaba alguna duda de que ahora Hugo Moyano ha pasado a ser un nuevo “enemigo” del modelo al cual hay que cortar todos los lazos que lo vinculan con el Estado, ayer el Gobierno volvió a darle otro golpe al titular de la CGT y lo dejó sin el control del organismo portuario nacional que estaba a cargo de un hombre de su confianza .

Por una orden directa de la presidenta Cristina Kirchner, el secretario de Transporte, Alejandro Ramos procedió a desplazar de la Administración General de Puertos (AGP) a Oscar Vecslir, un especialista del sector que de la mano de Moyano había desembarcado en el Gobierno hace dos años y medio. En su lugar fue nombrado el empresario y capitán de ultramar, Sergio Borrelli, quien llega con el respaldo del ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo y del titular del gremio marítimo del SOMU, Enrique Omar Suárez.

Junto con el descabezamiento de la conducción de AGP, la administración kirchnerista también le quitó al líder de los camioneros el manejo de otra área estratégica vinculada con las obras sociales. Por medio del decreto 1008 publicado en el Boletín Oficial de ayer, el Gobierno decidió cesar a Ricardo Bellagio como superintendente de Servicos de Salud y nombrar en ese puesto a la ex diputada oficialista de Santa Cruz, Liliana Korenfeld.

Esta doble embestida contra los hombres que respondían directa e indirectamente a Moyano se concretó a sólo 24 horas de que se conociera otra medida específica con la cual el Gobierno salió a pegarle a la “caja” de los camioneros.

Se trata de los subsidios destinados a los exámenes psicofísicos que los choferes deben realizar una vez por año para renovar sus licencias. Por un acuerdo que habían sellado Moyano y Néstor Kirchner en 2003, esos chequeos habían quedado totalmente en manos de la obra social de los camioneros y el costo de los mismos corría por cuenta del Estado. Por esos servicios, el sindicato embolsaba $ 80 millones anuales que ahora el Gobierno decidió cortar por completo. Según las nuevas reglas de juego, esos pagos deberían ahora a quedar a cargo de las empresas, que ya anticiparon que no están en condiciones de afrontar.

En el caso de AGP, el reemplazo de Vecslir –quien había logrado el apoyo de casi todos los agentes que intervienen en el negocio portuario– se instrumentó tres días después del nombramiento del nuevo subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Horacio Tetamanti, el empresario naval bonaerense que Randazzo puso en lugar de Ricardo Luján, un hombre cercano a Moyano y Julio De Vido.

En tanto, por el lado de las obras sociales la llegada de la ultrakirchnerista Korenfeld en lugar de Bellagio persigue un doble objetivo. Por un lado, quitarle a Moyano cualquier influencia en el manejo de los fondos. Y por otro lado, digitar los pagos a las obras sociales para beneficiar a los gremios más afines al Gobierno y castigar a los que jueguen con Moyano.

Fuente: Clarín

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