Según explicó, el Ejecutivo envía periódicamente a los comercios un listado con la ubicación de esos terrenos y les ordena abstenerse de concretar entregas en dichos domicilios. Para García, la disposición “es confusa, discriminatoria y roza lo inconstitucional”.
“Es una locura, porque hay familias que quieren progresar, mejorar la habitación de sus hijos, y con esto se ven perjudicadas”, afirmó la edil. En esa línea, reclamó más presencia del Estado en los barrios para dar respuestas concretas y evitar que terceros se aprovechen de la vulnerabilidad de quienes habitan esos espacios.
Además, la concejala recordó que “la Constitución ampara el libre comercio”, por lo que rechazó que se traslade la responsabilidad a los corralones. Finalmente, pidió avanzar en la discusión de un plan regulador que defina el perfil de ciudad que se proyecta, en lugar de aplicar medidas que calificó como “discriminatorias”.
