La camarista Georgina Depetris rechazó el pasado 7 de abril la apelación planteada por uno de los funcionarios imputados en la causa que investiga la contaminación ambiental en Petroquímica de Capitán Bermúdez. La defensa de Gustavo Luzzini, fiscal de Estado adjunto, pidió que se declare la incompetencia de los integrantes del Colegio de Jueces Penales de San Lorenzo y disponga que el trámite para solicitar la nulidad del caso por la extinción de la acción penal debía realizarse en el fuero Civil y Comercial.
La jueza Depetris desestimó el planteo de la defensa de Luzzini y la reanudación de la discutida audiencia -que había comenzado el pasado 22 de febrero en Tribunales de San Lorenzo-, ya tiene fecha: será el martes próximo en la causa por la que ya fueron imputados Luzzini y el ex fiscal Regional Patricio Serjal.
Los directivos de Petroquímica Bermúdez, el empresario Sergio Tasselli, su hijo Máximo y su yerno Matías Gallego, no fueron imputados debido a que continúa vigente la resolución del juez Juan José Tutau, que extingue la acción penal contra los tres directivos representados por el abogado Mariano Cúneo Libarona.
En un principio, la audiencia debía reanudarse el 5 de marzo. Pero la apelación de la defensa de Luzzini y de los propios fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra a la resolución del juez Carlos Gazza en relación a los tres empresarios de Petroquímica Bermúdez, dilataron los plazos.
“A Luzzini y Serjal los imputamos por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por encubrimiento. Y en el caso de Serjal también por omisión de persecución. Entendemos que hicieron una maniobra tendiente a incumplir sus deberes y las normas relativas a su función, con el objetivo de beneficiar a los dueños de Petroquímica y encubrir una enorme contaminación del medio ambiente”, dijo el fiscal Edery.
Entre los residuos peligrosos en Petroquímica Bermúdez se presume la presencia de sustancias como cloro, amianto, benceno, ácido sulfúrico y amoníaco. A los dueños de la empresa se los acusa de “contaminar dolosamente de un modo peligroso para la salud y el medio ambiente con residuos peligrosos”, delito regulado por la ley nacional 24051. Las penas pueden ir de tres a diez años de prisión, a menos que el resultado de esa acción produzca una muerte, donde las sanciones pueden llegar hasta 25 años.
A principios de febrero comenzó el proceso de desgasificación de las llamadas bombonas de Petroquímica Bermúdez, bajo la coordinación y monitoreo del gobierno de Santa Fe.
En 2015 un informe de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia motivó una orden del entonces gobernador Miguel Lifschitz a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones legales contra los directivos de Petroquímica Bermúdez. Se había constatado que las instalaciones no eran aptas para la actividad que realizaba.
A pesar de la evidencia de contaminación, el ex fiscal Regional Patricio Serjal le ordenó al fiscal Juan Carlos Ledesma interrumpir la causa que imputaba a los directivos de la empresa. Además el fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini tampoco avanzó con este trámite.
