En los Tribunales Provinciales de San Lorenzo, el 5 y 12 de agosto se realizó la audiencia preliminar en la causa que desató alarma en la provincia por su cruce entre corrupción judicial y daño ambiental. Los imputados son Patricio Serjal, ex fiscal regional de Rosario, y Gustavo Luzzini, fiscal de Estado Adjunto, acusados de encubrimiento, omisión de persecución penal y abuso de autoridad en una causa contra Petroquímica Bermúdez S.A., empresa dirigida por la familia Taselli.
Cargos y continuidad del proceso
La Fiscalía, a cargo de José Luis Caterina y Luis Schiappa Pietra, pidió 5 años de prisión y 10 de inhabilitación para Serjal; y 4 años de prisión con 8 de inhabilitación para Luzzini. El juez Ariel Cattaneo rechazó los planteos de prescripción y sobreseimiento, admitió la acusación en su totalidad y ordenó que el proceso siga rumbo al juicio oral, en fecha aún por definir.
Según la acusación, Serjal ordenó el cierre de la investigación sin base legal, permitiendo que la empresa evadiera no solo el proceso penal sino también las inversiones necesarias para reparar el grave pasivo ambiental. Luzzini, en tanto, habría realizado una actuación similar al solicitar que se informe al juez que “el Estado no tenía interés” en seguir la causa, pese a conocer el impacto contaminante.
La sombra de los Taselli: impunidad y recursos judiciales
Este caso no es aislado. La causa original involucra a los hermanos Sergio y Máximo Taselli (y Matías Gallegos), acusados por contaminación en el predio de la ex‑Petroquímica, ubicada en Camino de Acceso a Puerto San Martín. La empresa, cerrada desde 2013, dejó 23 hectáreas contaminadas con sustancias persistentes, incluyendo cloro y mercurio, en niveles críticos para la salud pública.
En diciembre de 2024, la Corte Suprema de Santa Fe rechazó la nulidad de la causa, apuntando a la cuestión de cosa juzgada írrita, aunque dejó abierta la posibilidad de nuevas investigaciones sobre hechos no juzgados anteriormente. Desde la ONG Taller Ecologista, que participa en la causa desde hace años, se cuestionó el fallo y alertó sobre la persistencia de contaminantes tóxicos en el terreno. Además, se convocó a un debate público en Capitán Bermúdez frente al avance judicial.
¿Un “Mani Pulite” en clave local?
Muchos observadores comparan este proceso con el célebre Mani Pulite (o “Manos Limpias”) que sacudió Italia en los años 90. Fue una investigación masiva que destapó una trama histórica de corrupción entre la política y la empresa —con centenares de detenidos, renuncias masivas y cambios estructurales— y que marcó el fin de la “Primera República” italiana. El proceso dio lugar a fuertes innovaciones legales, apoyadas en una estrategia de prensa judicializada y de construcción de legitimidad pública, aunque, con el tiempo, se puso en debate si realmente cambió los cimientos de la corrupción.
En Santa Fe, el caso Petroquímica Bermúdez apunta a una posible figura similar: corruptelas entre funcionarios judiciales y empresarios frente a un daño ambiental de proporciones. Si el proceso avanza y llega a condenas ejemplares, podría significar un punto de inflexión, y convertirse —política y simbólicamente— en el “Mani Pulite santafesino”.
