El próximo martes, cuando se reanude la audiencia por la causa que investiga la contaminación ambiental en Petroquímica Bermúdez, no habrá presencialidad en Tribunales de San Lorenzo. El debate continuará pero de manera remota: cada uno por su lado.
Voceros judiciales confiaron que los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra rechazaron un nuevo pedido de postergación, planteado en este caso por los abogados defensores de los directivos investigados de Petroquímica: Sergio Taselli, su hijo Máximo y su yerno Matías Gallegos.
Desde el equipo de abogados del mediático Mariano Cúneo Libarona solicitaron la suspensión de la audiencia programada para este martes a raíz de una operación de corazón a la que fue sometido el doctor Jorge Ilharrescondo, uno de los letrados defensores.
Los fiscales no aceptaron una nueva postergación a una audiencia que, en principio, estaba pactada para reanudarse el pasado 5 de marzo. Apelaron la imputación del fiscal del Estado adjunto Gustavo Luzzini y el trámite prosiguió en Cámara de Apelaciones.
La camarista Georgina Depetris rechazó el pasado 7 de abril la apelación planteada por la defensa de Luzzini, al solicitar que se declare la incompetencia de los integrantes del Colegio de Jueces Penales de San Lorenzo y disponga que el trámite -para solicitar la nulidad del caso por la extinción de la acción penal- debía realizarse en el fuero Civil y Comercial.
La jueza Depetris desestimó el planteo de la defensa del fiscal del Estado adjunto y la reanudación de la discutida audiencia -que había comenzado el pasado 22 de febrero en Tribunales de San Lorenzo-, será el martes próximo en la causa por la que ya fueron imputados Luzzini y el ex fiscal Regional Patricio Serjal.
El juez Carlos Gazza resolvió que la audiencia prosiga por la aplicación Zoom: rechazó una nueva suspensión y dio curso al pedido de los defensores de continuar el debate de manera remota, a raíz de los riesgos epidemiológicos por el avance de la segunda ola de coronavirus.
Entre los residuos peligrosos en Petroquímica Bermúdez se presume la presencia de sustancias como cloro, amianto, benceno, ácido sulfúrico y amoníaco. A los dueños de la empresa se los acusa de “contaminar dolosamente de un modo peligroso para la salud y el medio ambiente con residuos peligrosos”, delito regulado por la ley nacional 24051. Las penas pueden ir de tres a diez años de prisión, a menos que el resultado de esa acción produzca una muerte, donde las sanciones pueden llegar hasta 25 años.
A principios de febrero comenzó el proceso de desgasificación de las llamadas bombonas de Petroquímica Bermúdez, bajo la coordinación y monitoreo del gobierno de Santa Fe.
En 2015 un informe de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia motivó una orden del entonces gobernador Miguel Lifschitz a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones legales contra los directivos de Petroquímica Bermúdez. Se había constatado que las instalaciones no eran aptas para la actividad que realizaba.
