Delito imparable

Pide por más seguridad y la creación de una Fiscalía en Carcarañá

La diputada Silvana Di Stefano solicitó que se intensifique la presencia policial. Lo mismo ya hizo con San Lorenzo, Roldán y Capitán Bermúdez, entre otras localidades


Ante los reiterados hechos de inseguridad que padece la ciudad de Carcarañá, la diputada provincial Silvana Di Stefano (UCR) presentó nuevos proyectos en los que solicita se intensifiquen las tareas de prevención de delitos, y propone crear una Unidad Fiscal con sede en la localidad.

“El gobierno tiene que frenar la ola delictiva y de violencia. Hay hartazgo e impotencia de los vecinos y vecinas de Carcarañá, necesitamos que se atiendan sus reclamos e informen las acciones que se están llevando adelante”, aseguró la legisladora, a la vez que recordó que el pasado 10 de junio, preocupados por una serie de hechos delictivos, los ciudadanos se manifestaron frente a la comisaría local.

Ante esta realidad, la diputada pide que se informen las acciones que se están llevando a cabo para dar soluciones concretas a los reclamos, los recursos con los que se prevé dotar, y si el destacamento de Gendarmería ubicado en el área industrial se encuentra operativo. Además, dijo que si bien se celebra la entrega de un nuevo patrullero, se denuncia que hay falta de combustible para acudir a los llamados de auxilio.

Otra acción que, de acuerdo a Di Stefano, ayudaría a bajar los índices de inseguridad sería la instalación de una Unidad Fiscal, para contar con un mejor y más veloz servicio de justicia.

“De esta manera, se ayudará a brindar contención a vecinas y vecinos implementando una opción más a la hora de radicar denuncias, y agilizar el acceso a la Justicia”, argumentó.

Cabe recordar que el diseño institucional histórico de la provincia respecto a Carcarañá complejiza la coordinación del combate del delito, dependiendo judicialmente de los Tribunales de Cañada de Gómez y de la Unidad Regional XVII, con sede en San Lorenzo. Sin embargo, ante el copalso del órgano cañadense, pasó a depender de la sede Casilda, lo que lleva a dificultar las acciones, por una razón de distancia geográfica.

“Más allá de las buenas intenciones, hasta el momento no se observa una mejora en el servicio de justicia, y ante el requerimiento de información por parte de los damnificados se manifiesta estar tan colapsado como la Unidad Fiscal de Cañada de Gómez”, lamentó la legisladora.

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