Un fiscal federal pidió que sean juzgados en un juicio oral un agente civil del Ejército Argentino que vivía en el Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán y otros dos hombres por el secuestro extorsivo del hijo de un empresario de la ciudad de Gálvez, un joven de 27 años que es insulinodependiente, por el que habían pedido 200.000 dólares de rescate y que fue liberado sin que se realizara el pago, informaron hoy fuentes judiciales.
Se trata del fiscal Jorge Onel, a cargo de la Fiscalía Federal 1 de Santa Fe, quien requirió la elevación a juicio de la causa por la cual los hermanos Franco (35) y Martín Quevedo (36), y el personal administrativo del Ejército Argentino Jonatán David Oscar Petri se encuentran imputados como coautores y partícipe necesario, respectivamente, del delito de “secuestro extorsivo agravado por ser la víctima una persona discapacitada, por la cantidad de intervinientes”.
De acuerdo a lo informado por el sitio institucional fiscales.gob.ar, Petri también está acusado del delito de “robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda”, y “lesiones leves”.
El hecho ocurrió el 14 de abril pasado cuando el joven galvense, que es paciente diabético e insulinodependiente, pero a pesar de ello trabaja todos los días en un bar, no llegó a su domicilio en Gálvez, localidad del Departamento San Jerónimo.
Su padre, dueño de una distribuidora, y su madre comenzaron a recibir comunicaciones telefónicas en las que un hombre les pedía más de 200 mil dólares de rescate.
Según las fuentes, una vez radicada la denuncia y con la intervención del fiscal federal Onel y el asesoramiento de los detectives antisecuestros de la Policía Federal Argentina (PFA), la familia cerró la negociación y acordó pagar “varios millones de pesos” -una cifra muy inferior a la reclamada al inicio-, a cambio de la liberación de su hijo.
El sitio pactado para hacer el pago fue una estación de servicio en la Autopista Rosario-Santa Fe, lugar donde un familiar concurrió con el acompañamiento reservado del fiscal y de la PFA.
Las horas pasaron sin tener novedades hasta que, al mediodía siguiente, el joven fue liberado sin que se concretara pago de rescate alguno, en la localidad de San Lorenzo. La víctima fue abandonada a la vera de la ruta 11, donde fue reconocido por un transeúnte que circulaba con su auto.
Voceros policiales explicaron que se comprobó que el joven no había ingerido alimentos ni bebido líquidos durante más de 12 horas, por lo que tuvo que ser atendido por un médico para recomponerse, y se cree que su estado de salud pudo haber sido el motivo que precipitó su liberación antes de que se concretara el pago del rescate.
Los investigadores de la PFA comenzaron a trabajar en la zona en busca de testigos, videos y datos relevantes, y así se estableció que los secuestradores fueron los hermanos Quevedo, quienes habían utilizado un auto Ford Focus gris y luego se supo que eran dos vecinos conocidos de la familia de la víctima.
Mientras que los detectives continuaron con la investigación y determinaron que el mismo día del secuestro una línea telefónica interactuó con los celulares de los dos detenidos.
Al analizar los registros telefónicos y las filmaciones de una cámara de seguridad, los pesquisas constataron que la esposa de Petri poseía una vivienda de características similares a las relatadas por la víctima.
Además, el hombre estuvo al menos dos horas en las inmediaciones de la propiedad al momento del secuestro.
Por otro lado, en la casa fue secuestrado por los agentes un portaequipaje que tenía colocado el auto con el que fue interceptado el joven, y que luego habría sido removido para dificultar la individualización del rodado.
Finalmente, el 1° de junio Petri, que trabajaba como personal administrativo en el Ejército Argentino, fue arrestado por orden del juez Rodríguez, luego de un allanamiento realizado en el Batallón 603 de Fray Luis Beltrán.
