Según explicó la letrada, una respuesta oficial obtenida ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial indica que los equipos utilizados para el control de velocidad no poseen habilitación nacional vigente. A partir de esta situación, sostuvo que existen interrogantes sobre la legalidad de las infracciones generadas por esos radares y sobre los procedimientos aplicados para su funcionamiento.
Capilla señaló que la falta de autorización podría afectar la legitimidad de las sanciones emitidas a conductores que circularon por la zona, y planteó la necesidad de que las autoridades competentes brinden precisiones sobre el estado administrativo de los dispositivos.
La polémica reabre el debate sobre los requisitos que deben cumplir los sistemas de fiscalización electrónica para que las multas tengan validez legal, así como sobre los controles y certificaciones que deben poseer los equipos utilizados en rutas y accesos urbanos.
