San Lorenzo

Policías estafadores: abogados sanlorencinos apuntaron contra fintech

Inédita resolución de la justicia civil local, que dio lugar al pedido de los doctores Nicolás Benítez y Julián Bonis, patrocinantes de víctimas en causa por la que imputaron al ex jefe policial de Aldao: pedía CBU a conocidos por un dinero que tenían que depositarle y les hacía sacar créditos.


El escándalo estalló a mediados de año. No menos de 18 personas, entre policías y civiles, denunciaron haber sido víctimas de estafas. Por algunos de los hechos, el ex jefe de la comisaría de Aldao fue imputado por los delitos de defraudación y enriquecimiento ilícito de funcionario. Alejandro Javier Z. tuvo que pagar 500 mil pesos para recuperar la libertad bajo fianza.

La maniobra del o los estafadores consistía en plantear la excusa de estar inhibido o embargado y solicitar el número de CBU bancario a las víctimas ya que tenían que depositarle una suma por la venta de un vehículo.

Las víctimas, la mayoría empleados policiales y algunos civiles, accedieron a otorgarles el CBU y vieron reflejados en sus cuentas bancarias la idéntica suma de dinero que le manifestaban que le depositarían por la venta del supuesto vehículo. Grave error.

En realidad se trababa de un préstamo que había tomado con una financiera (fintech), a nombre del titular del CBU. El damnificado entregaba el dinero y sin saberlo se quedaba con un crédito que le habían tomado a su nombre. Rápidamente el dolor de cabeza se transformó en pesadilla, dado que los agentes de la fintech hicieron saber esta situación debitando cuantiosas sumas de las cuentas de las víctimas.

Por más que los damnificados empezaron a realizar los stop debit de sus operadores bancarios, tal cuestión no los eximia de eventuales demandas y/o embargos preventivos. No obstante, los abogados patrocinantes de las víctimas iniciaron una serie de medidas inéditas en la justicia sanlorencina, tendientes a la prevención de este daño. Si en realidad nunca firmaron un crédito, ¿cómo pueden figurar cuantiosos préstamos a su nombre? Es lo que los letrados Julián Bonis y Nicolás Benítez le preguntaron a la justicia y es lo que la fintech deberá responder en el plazo de 5 días hábiles de tomado conocimiento.

Asimismo y en resoluciones igualmente inéditas, se prohíbe bajo todo concepto demandar a las -hasta ahora sospechadas- víctimas de las estafas, como tampoco la ejecución de embargos e inscripción en agencias de control crediticias y/o morosas.

Cuanto menos la resolución resulta llamativa, ya que prácticamente suspende el acceso a la jurisdicción por parte de la fintech en relación a los estafados, siempre respecto a la evitación de un daño. De esa manera se invierten los roles y será ahora la financiera quién deberá dar explicaciones de la situación, previo a cualquier tipo de proceso judicial.

El doctor Bonis adquirió reconocimiento por fallos inéditos en materia de reajustes de planes automotores tras el exceso en los aumentos de los mismos, situación que obligó a equiparar los ajustes. En tanto que Benítez fue quien incomodó al propio gobierno de Perotti, obteniendo resoluciones en protección de los humedales, a partir de los incendios en las islas. Todos justamente con medidas urgentes y de tutela inmediata. Ambos letrados sanlorencinos trabajaron en conjunto para lograr la protección jurídica de los estafados.

Los abogados destacaron el compromiso de los magistrados. Primero del juez Alejandro Marcos Andino, titular del Juzgado Civil y Comercial de la Primer Nominación de San Lorenzo, quien tuvo el primer caso; y luego la jueza Stella Maris Bertune, titular de la Segunda Nominación, quien dictó resolución en sintonía con Andino. Resaltaron la importancia del compromiso de la judicatura avalando al menos provisoriamente, y con medidas inéditas, a las personas estafadas. De otra manera habría que esperar un juicio de la financiera y discutir allí, probablemente con armas más reducidas y con posibles embargos, la ilegitimidad del crédito. Ahora se dio a la inversa.

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