Por ley, si un terreno está vacío durante cinco años podrá ser expropiado

Se aprobó en Capital Federal la "Ley de Hábitat" que también prevé la entrega de tierras o dinero de barrios privados para construir viviendas sociales, pese a que sectores de la oposición e incluso del oficialismo insistían en introducir cambios.


La Legislatura bonaerense sancionó este jueves la “Ley de Hábitat”, que prevé‚ que los grandes emprendimientos inmobiliarios que se instalen a partir de ahora en la provincia cedan terrenos o dinero en efectivo para la construcción de viviendas sociales.

Con los votos del bloque del Frente para la Victoria (FpV), el Senado provincial logró transformar en ley el proyecto, pese a que sectores de la oposición e incluso del oficialismo bonaerense insistían en la necesidad de introducir cambios en la norma, finalmente aprobada.

El proyecto de ley de “Acceso Justo al Hábitat” modifica la ley 8912/77 vigente para “paliar el déficit habitacional en la provincia a través de la construcción de nuevas viviendas y la urbanización de villas y asentamientos”, según sus fundamentos.

La norma dispone una cláusula para que los grandes emprendimientos inmobiliarios que se desarrollen en la Provincia estén obligados a ceder tierras o abonar una “compensación monetaria” para la construcción de “viviendas sociales”.

El proyecto apunta también a que los municipios puedan hacerse de terrenos, cuando autoricen grandes emprendimientos, para desarrollar planes sociales de viviendas o disponer parcelas con el mismo destino de construcción de casas, por lo que incluye la figura de la expropiación.

De promulgarse, esta ley obligará a countries, barrios cerrados, clubes de campo y grandes emprendimientos inmobiliarios (superiores a 5.000 metros cuadrados) a ceder un 10% de su superficie neta o su equivalente en dinero para viviendas sociales.

Entre los aspectos principales, la norma promueve la generación de proyectos habitacionales, de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios, para abordar integralmente la diversidad y complejidad de la demanda de viviendas, desalentando las prácticas especulativas de valorización del suelo.

Además, permite expropiar terrenos baldíos si sus propietarios no los utilizan para edificaro si las obras que se hayan iniciado en esos lotes hayan estado paralizadas por más de cinco años.

A partir de la entrada en vigencia, los municipios podrán aplicar un gravamen especial sobre el inmueble que será progresivo en el tiempo, mediante el aumento de la alícuota por un plazo de cinco años consecutivos, y cuyo valor será fijado en la Ordenanza Impositiva, no pudiendo el mismo ser superior la 50% de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza para ese período de tiempo.

La ley había logrado el visto bueno en la Cámara de Diputados provincial semanas atrás, pero luego el propio gobernador Daniel Scioli subrayó la necesidad de garantizar que en la norma “no se viola la propiedad privada ni derechos adquiridos” y que tampoco será obligatoria la cesión de tierras por parte de los nuevos emprendimientos.

En ese momento, el mandatario bonaerense sostuvo que “la provincia debe seguir atrayendo inversiones” y que si hay que hacer una corrección están los instrumentos para hacerlo e inclusive no descartó un veto parcial.

“Necesitamos que siga la inversión pública y también mucha inversión privada, muchos desarrolladores”, insistió.

El proyecto fue aprobado con el respaldo en general de la mayoría de los bloques legislativos, liderados por el FpV, y establece que los grandes desarrollos inmobiliarios que a partir de ahora se instalen en la Provincia deberán ceder terrenos o, en su defecto, una compensación en dinero en efectivo para la construcción de viviendas sociales.

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