La Prefectura Naval Argentina emitió una nota formal en la que advierte sobre posibles consecuencias penales y administrativas. Estas consecuencias pueden ocurrir en caso de que, durante el paro general convocado por la Federación Sindical Marítima y Fluvial para los días 18 y 19 de febrero, no se garantice la asistencia obligatoria a buques en navegación.
El documento está dirigido al presidente de la Cámara de Armadores de Remolcadores. Además, hace referencia explícita a la movilización y paro general anunciados. Recuerda que durante esas jornadas se encuentran programadas maniobras de ingreso, egreso y asistencia a buques mercantes. Estos buques requieren obligatoriamente el servicio de remolque.
En la comunicación, la Autoridad Marítima señala que el Código Penal Argentino, en su artículo 190, prevé penas de prisión para quien ejecute actos que pongan en peligro la seguridad de una nave. Asimismo, cita la Ley de Navegación N° 20.094 y el REGINAVE. Ambas normas establecen la obligatoriedad del servicio de remolque cuando así lo disponga la autoridad competente.
La nota también menciona el DNU 70/2023, que considera esenciales en sentido estricto los servicios de amarre, estiba y remolque de buques. Especialmente, esto aplica cuando están vinculados a la seguridad de la navegación, la operatoria de buques tanque o la continuidad del sistema energético.
En ese marco, Prefectura advirtió que ante la eventual negativa a prestar asistencia obligatoria podrían iniciarse actuaciones administrativas y dar intervención a la Justicia Federal si la conducta configurara delito. Además, se indicó que deberán mantenerse guardias mínimas en los puertos donde operan habitualmente remolcadores. Esta medida busca asegurar la capacidad de respuesta ante emergencias o maniobras críticas.
El documento no suspende la medida sindical ni constituye una conciliación obligatoria. En cambio, fija un encuadre jurídico claro ante la posible interrupción de servicios considerados estratégicos para la seguridad y la operatoria del sistema portuario.
La advertencia refleja la tensión existente entre el derecho a huelga y la obligación de garantizar la seguridad de la navegación. Esto ocurre especialmente en la Hidrovía Paraguay–Paraná, uno de los corredores logísticos más sensibles del comercio exterior argentino.
