Puerto San Martín

Prohibien celebración religiosa por no presentar protocolo sanitario

Desde el municipio alegaron tales razones. Comunidad Redentor había declarado ser víctimas de una "discriminación religiosa". Las autoridades lo desmintieron


La Comunidad Redentor volvió a denunciar que son víctimas de “discriminación religiosa” por parte del Estado.

Semanas atrás, el número 1 de dicha orden, Daniel Cattáneo, apunto duro contra el gobierno provincial al no permitirle las reuniones dominicales y a modo de protesta oficiaron una celebración simulando funcionar como un bar (pues estos comercios gastronómicos quedaron habilitados a funcionar, con diversas restricciones) y hasta a modo de un autocine, con los fieles, cada uno, dentro de sus autos para respectar de tal manera el distanciamiento social obligatorio en prevención al COVID-19.

Ahora el blanco fue la Municipalidad de Puerto San Martín.

El pastor Edwin Jenkins señaló que un agente del CPC de dicho municipio se presentó el pasado jueves en el templo de esa localidad para comunicarles que no podían oficiar celebración alguna, pues no estaban habilitados para ello. Y también que el Juez de Faltas les advirtió que, de abrir el templo y celebrar una misa el domingo, haría que terminase clausurado.

“Nos sentimos discriminados porque teniendo la autorización del gobierno nacional y provincial, no contando con casos de COVID-19 en la ciudad, y no existiendo ordenanza que disponga lo contrario, no quieren que las iglesias estén funcionando”, expresó Jenkins en el portal MediosRed, sitio que corresponde a dicha congregación.

Vale señalar que desde hace unos días rige la autorización provincial para realizar celebraciones religiosas con no más de 30 personas a la vez, en cualquier templo santafesino.

Desde la Municipalidad se indicó que se actuó de tal manera sobre la Comunidad Redentor porque la orden “no presentó su protocolo sanitario en sede municipal”, y a pesar que haya un decreto provincial que autoriza dicha actividad “todas las órdenes religiosas (en esta caso por tratarse de actividades en templos) deben presentar sus protocolos ante el Juz de Faltas para quedar habilitadas y poder operar”, precisaron.

De tal manera desmintieron que se tratase de una discriminación, sino que se actuó en fiel cumplimiento de la legislación vigente.

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