La jueza de Primera Instancia, Melania Carrara, dio por formalizada la imputación y dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para ambos acusados.
La Fiscalía, a cargo de Paula Barros de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, imputó a E.A. y C.L. por la tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil y de guerra (17 hechos), encubrimiento de material balístico (9 hechos) y encubrimiento de un chaleco antibalas, todo en concurso real y en calidad de coautores.
En el caso de C.L., además, se le atribuyó el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas organizadas.
Allanamiento y secuestro
Según la investigación, los imputados habrían tenido en su poder, sin autorización legal, un importante arsenal de armas de fuego, cargadores y municiones en un domicilio ubicado en calle Almagro s/n de Puerto Gaboto.
El material fue secuestrado el 10 de marzo de 2026 durante un allanamiento realizado por personal de Gendarmería Nacional Argentina.

Entre los elementos incautados se destacan:
-17 armas de fuego, entre ellas pistolas de distintos calibres (9 mm, .40, .380, .22, entre otros), varias con numeración de serie limada.
-Numerosos cargadores, algunos de alta capacidad.
-Un chaleco antibalas con inscripción policial.
-Miles de cartuchos de distintos calibres, incluyendo .380, 9 mm, .40, .22 y otros.
Además, la Fiscalía les atribuye haber adquirido y recibido varias de estas armas a sabiendas de su origen ilícito, especialmente aquellas con numeración suprimida.
También se les imputa haber tenido en su poder un chaleco balístico con la inscripción “POLICÍA”, el cual había sido sustraído a personal policial y denunciado el 24 de noviembre de 2022. El elemento fue hallado dentro de un vehículo Ford EcoSport utilizado por los acusados.
Organización narco en Rosario
La investigación vincula a los imputados con una organización criminal dedicada a la comercialización de cocaína y marihuana en el barrio Godoy de Rosario.
Según la acusación, la banda operó al menos entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, con una estructura jerárquica definida: En la cúspide se encontraba una mujer sindicada como jefa de la organización. Debajo, un grupo de líderes intermedios encargados de coordinar la actividad. En niveles inferiores, personas dedicadas al fraccionamiento, distribución y venta en puntos fijos y en la vía pública.
La organización contaba con lugares de acopio, sistemas de fraccionamiento en “bochas” y una red de vendedores, además de manejar dinero en efectivo y mediante transferencias.

Rol del imputado
En este esquema, uno de los acusados cumplía funciones de organizador en un nivel intermedio, coordinando la comercialización directa de estupefacientes, la distribución a vendedores (“soldaditos”) y el resguardo de armas de fuego utilizadas para actividades delictivas.
La causa continúa en etapa investigativa, mientras ambos imputados permanecen detenidos con prisión preventiva efectiva.






