El debate por la contratación obligatoria de serenos de buque sumó un aliado de peso en la provincia de Buenos Aires. El Consorcio de Gestión de Puerto Quequén dispuso que toda embarcación que amarre, opere o permanezca dentro de su jurisdicción deberá contar obligatoriamente con un sereno durante su estadía en muelle, marcando una clara diferencia con el criterio adoptado por el Gobierno nacional tras la desregulación del régimen.
La medida fue firmada por el presidente interino del Consorcio, Mariano Carrillo, y establece que la responsabilidad de la contratación recaerá sobre las agencias marítimas, los armadores o los representantes legales de los buques. Además, faculta al ente administrador a exigir en cualquier momento la acreditación correspondiente, realizar controles presenciales y aplicar sanciones ante eventuales incumplimientos.
Según lo dispuesto, el sereno tendrá a su cargo la vigilancia general de los buques amarrados y de las cargas o mercaderías depositadas en muelles, riberas y plazoletas. También deberá responder de manera inmediata a los requerimientos del Área de Protección Portuaria del Consorcio y de la Prefectura Naval Argentina, integrándose al esquema de control y seguridad del recinto portuario.
Desde Puerto Quequén señalaron que la decisión no responde a una situación puntual, sino que se inscribe en una política de fortalecimiento de los mecanismos de prevención, en un contexto de incremento sostenido de la actividad operativa. El objetivo, explicaron, es mejorar la capacidad de respuesta frente a contingencias y reforzar la seguridad en muelle mediante la presencia física permanente.
La resolución adquiere especial relevancia luego de los cambios introducidos en 2025 por el Gobierno nacional, que dejaron la contratación de serenos como una decisión optativa para armadores y agencias. A partir de ese escenario, distintos ámbitos provinciales comenzaron a sostener la importancia de mantener esta figura como complemento de los dispositivos tecnológicos y perimetrales.
En esa línea, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires emitió dictámenes en los que considera que la tarea del sereno constituye una función relevante dentro de la seguridad operativa portuaria y recomendó a los entes administradores provinciales establecer su obligatoriedad en sus respectivas jurisdicciones.
Con esta decisión, Puerto Quequén se convierte en un caso testigo dentro del mapa portuario argentino y refuerza un criterio preventivo que vuelve a darle centralidad a una figura histórica de la operatoria portuaria. El movimiento no solo impacta en la dinámica laboral y operativa, sino que también expone la creciente fragmentación de criterios entre Nación y provincias en materia de regulación portuaria y seguridad.
