Tres negociaciones clave que marcarán el poder del Gobierno para “vetar” aumentos

La administración K intenta generar un cambio de expectativas y busca evitar que se acelere la carrera precios salarios. No la tiene fácil con los sindicatos, tras las fuertes subas obtenidas por fuerzas policiales.


El “deja vu” ochentoso que viven los argentinos en estos días no se agota con la propuesta de Jorge Capitanich para que haya un esquema de cortes de luz programados, sino que cuenta con muchos más ingredientes.

uno de los más destacados es el enésimo intento de contener la inflación mediante unacuerdo de precios y salarios.

La concepción económica que está detrás de la política kirchnerista se puede sintetizar así: en la sociedad existe una puja distributiva que lleva a que empresarios y trabajadores tironeen para no resignar sus porciones de ingreso real; entonces, lossindicatos piden más aumentos para recuperar el salario perdido y los empresarios remarcan sus precios para recuperar el margen de ganancia.

En la jerga de los economistas, a este fenómeno se le llama “inflación inercial” y se lo suele comparar con una bola de nieve que se agranda a medida que rueda.

Es por eso que quienes se muestran preocupados por esta causa ponen todo su esfuerzo en generar un cambio de expectativas: si la gente cree que la inflación va a ir en descenso y no en alza continua, entonces ni los sindicatos van a pedir tanto aumento ni los empresarios van a remarcar tanto sus precios.

Esta es la filosofía que está guiando hoy al Gobierno, como lo dejó en claro Capitanich al afirmar que es “absolutamente imprescindible generar una reducción de expectativas”.

El diagnóstico oficial suele recibir duras críticas por su negativa a considerar la emisión monetaria y al déficit fiscal como factores relevantes en la inflación.

Desde el ámbito sindical existe un escepticismo indisimulado respecto de las posibilidades de éxito de un plan antiinflacionario basado únicamente en el control de precios y salarios.

“Históricamente desconfío del acuerdo de precios porque nunca ha funcionado, espero que esta vez sea útil”, apuntó el sindicalista José Luis Lingeri, miembro de la conducción de la CGT oficialista, tras una reunión en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete.

En tanto que el mercantil Armando Cavalieri avisó: “Yo le dije a Capitanich que esta CGT no aceptaba ninguna pauta salarial y que las mejoras se definen en paritarias”.

Estas declaraciones dejan en claro que no hay buen clima para el plan original de topear entorno del 18% los incrementos, algo que formaba parte del programa que se proponía impulsar el ministro de Economía, Axel Kicillof.

En este contexto, llegran tres negociaciones clave que marcarán a fuego la puja salarial que viene:

1. El gremio camionero, un referente
Hay que reconocer que, a pesar de las críticas que recibe por negar la ciencia económica, hay un punto en el cual el Gobierno tiene una percepción correcta: la puja distributiva en la Argentinaha sido, a nivel histórico, un elemento políticamente importante.

Y esto está quedando claro en estos días, en los que se genera un efecto contagio entre los sindicatos que, tras los aumentos obtenidos por los policías en huelga, elevaron su piso de reclamo para equipararse con lo que lograron las fuerzas del orden.

Es por eso que una preocupación central del Gobierno es, en este momento, disipar la idea de que a un gremio que quiera una mejora salarial le basta con tener convocatoria fuerte en las calles, poder de “ruido” mediático y cierta capacidad de generar inquietud social.

En ese contexto, se da una situación extraña: el mayor riesgo de conflictividad laboral no ocurre tanto por una típica pulseada entre empresas y sindicatos, sino por el intento del Gobierno de “vetar” acuerdos de aumento o el pago de bonos que considera excesivos, algo así como un mal ejemplo que pueda generar un efecto imitativo en el resto.

El caso típico es el gremio de los camioneros, uno de los que en la década kirchnerista lideró el fenómeno de la “nueva clase media trabajadora” con fuertes aumentos por encima de la inflación.

Ahora, Hugo Moyano acusa al Gobierno de interferir entre las empresas transportistas y el sindicato, con el ánimo de no permitir un bono de fin de año justo en un momento en el que el humor social está caldeado.

Claro que para los funcionarios es una disyuntiva difícil: si convalidan un bono de $4.500, temen que las expectativas agraven la inflación. Pero si vetan ese beneficio, se exponen al enojo de un gremio con fuerte capacidad de sabotaje.

No por nada Moyano -quien en los últimos días se mantuvo extrañamente prudente y no se plegó a convocatorias de marchas y paros- recordó que los camioneros actúan en áreas extremadamente sensibles para el humor social, como la provisión de dinero a los cajeros automáticos, la reposición de alimentos frescos en las góndolas, el suministro decombustibles en las estaciones de servicio y la recolección de residuos en las calles de las grandes ciudades.

2. Bancarios, la otra negociación clave
El de los camioneros es un caso líder para entender cuál va a ser el contexto en el que se desenvuelvan las relaciones laborales en 2014 y hasta dónde podrá el Gobierno implementar su plan para usar al salario como ancla de los precios.

Pero no es el único. El otro gran referente del sector privado es el bancario, un empleo prototípico de la clase media. Además inicia su negociación salarial ya en diciembre, cuando suelen pactarse anticipos a cuenta para luego fijar en marzo el aumento definitivo para todo el año.

Esta vez no será la excepción y, según anunciaron voceros sindicales, exigirán un “paliativo”para enero, febrero y marzo.

“Pediremos un aumento salarial de acuerdo con la inflación real”, aseguraron desde la Asociación Bancaria, si bien no hubo una especificación respecto de cuál es la cifra que se tomará como referencia.

En este sentido, la mayoría de los economistas privados estiman en 27% la suba general de precios de 2013.

No obstante, en el sindicato bancario se cuidan de mantener un delicado equilibrio entre una postura políticamente cercana al Gobierno pero, al mismo tiempo, sin que ello implique aceptar una pérdida de poder adquisitivo.

“Para ser claros, y sobre todo para quienes están más preocupados por el índice de inflación que por el precio de una canasta familiar digna, hay que hablar de la tasa de ganancia empresaria”, advirtió La Bancaria.

En el fondo, el temor sindical es que se repita la situación del año pasado, cuando habíanllegado a un acuerdo que suponía un incremento del 25% sobre el sueldo base, pero se interpuso el “veto” del Ministerio de Trabajo.

En ese entonces, el Gobierno apostaba a imponer una suba generalizada en torno de 20%, como parte de su plan de contención inflacionaria. Y el hecho de que los titulares periodísticos hablaran de un 25% para los bancarios ya significaba un mal comienzo de año.

Tras un verano caliente, con un paro nacional y un decreto de conciliación obligatoria, en febrero se convino un desdoblamiento de la mejora salarial, de manera que el incremento“oficial” fue de 20%, aunque en el “real” hubo una suma aparte en concepto de “gratificación”.

En definitiva, lo firmado era aproximadamente el número que el sindicato había reclamado desde el inicio.

Está claro que la estrategia usada por el Gobierno para el gremio bancario no fue suficientepara aplacar los ánimos del resto de los líderes sindicales, que terminaron firmando paritarias en un promedio de 24%.

Ahora, los bancarios vuelven a sentir que el factor político juega un rol incluso mayor que el de la negociación con los bancos. De hecho, el vocero del gremio, Eduardo Berrozpe, destacó la existencia de “diálogo fluido”.

El obstáculo, una vez más, parece ser el Gobierno. “El año pasado nos trabó el Ministerio de Trabajo, posiblemente ahora se esté demorando el acuerdo en previsión de que lasautoridades puedan intervenir de nuevo”, señaló, off the record, un dirigente sindical.

Además, considera que tras los cambios en el gabinete del Gobierno se nota un clima enrarecido en las negociaciones gremiales.

3. Docentes, el tercer acuerdo clave
Mientras intenta poner paños fríos a la ola de reclamos que surgieron luego del aumento salarial que obtuvo la policía, el Gobierno se prepara para su primera gran paritaria con un gremio estatal: los docentes.

“Scioli dijo que para la suba que otorgó a la Policía tuvo como referencia los salarios de otras provincias. Le vamos a pedir que para el sueldo del sector tome como pauta lo que pagaCapital Federal ($4.100), Santa Fe ($5.000) o Córdoba ($4.500)” sostuvo el titular del gremio docente oficialista Suteba, Roberto Baradel, quien anticipó “severos conflictos gremiales”.

Este sector no sólo es masivo y tiene un fuerte impacto sobre las cajas fiscales nacional y provinciales, sino que es, además un referente seguido por todo el mercado, ya que la cifra negociada supone un “piso” para el resto de los gremios. Es que en este caso, es el propio Estado el que hace las veces de empleador.

Y todo indica que la búsqueda de un acuerdo no será con clima pacífico. Para empezar, por la negativa del gobierno bonaerense a abrir por anticipado la negociación con los 900.000 maestros que este año cobraron un 22% en tres cuotas.

Esa metodología de aumento escalonado lleva a que el gremio calcule que, en términos reales, el incremento de los docentes fue de un 17%.

Ahora reclaman un sueldo inicial de $6.400 y anunciaron que realizarán un paro apenas los convoquen a la mesa de negociación en febrero.

“Vamos a un conflicto inexorable, perdimos 10% del poder adquisitivo. El 27 hacemos plenario de secretarios generales y difundimos plan de lucha, un paro por tiempo indeterminado a partir del 15 de febrero. Ahora no podemos hacer nada”, anticipó a este medio, Miguel Díaz, titular de Udocba, un sindicato vinculado con la CGT de Moyano.

Mientras tanto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el gremio de médicos CICOP ya comenzaron un paro de 24 y 48 horas.

se sumarán a la jornada nacional de lucha impulsada por la CTA de Pablo Micheli, que incluirá una movilización a Plaza de Mayo y cortes en las autopistas, para reclamar un salario mínimo de $8.000.

El malestar es tan grande entre los estatales que aun los gremios alineados con la Casa Rosada, como UPCN -y que se oponen por ahora a ir al paro- reconocen que este año“perdieron” frente a la inflación.

Por lo pronto, camionerosbancarios docentes -cada uno con su propio poder de presión y en tres negociaciones clave-, marcarán a fuego el devenir de los nuevos acuerdos sindicales, elpoder de veto del Gobierno para anular incrementos que considere elevados y el piso a partir del cual se pactarán las futuras subas. Y comenzarán a dar respuesta a uno de los mayores interrogantes del momento: ¿Podrá la administración K utilizar a los salarios como anclainflacionaria?

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