“Cuando empecé a hablar de la baja de imputabilidad, hace seis o siete años, me enfrenté con todo el sistema garantista. Pero lo hice igual porque veía cómo el Estado no tenía herramientas para aislar a quienes cometían delitos violentos extremos”, afirmó el mandatario al ser consultado por el impacto del caso Jeremías Monzón.
Pullaro remarcó que su posición no responde a un hecho puntual ni a una coyuntura mediática, sino a una problemática estructural vinculada al avance del crimen organizado. “Las organizaciones criminales se jactan de usar menores para matar porque saben que no van presos. Frente a eso, el Estado no puede ser el Estado bobo”, sentenció.
El gobernador aclaró que el debate no debe centrarse exclusivamente en la edad, sino en la gravedad del delito y la intención criminal. “Un delito de persona mayor tiene que tener una condena de mayor. No hablo de bajar la edad por edad, hablo de tipos de delitos, del dolo, de la intención. El homicidio está moral y culturalmente condenado desde la infancia: todos saben que está mal”, sostuvo.
En ese sentido, defendió las políticas de inclusión social que se desarrollan en la provincia, como el programa Nueva Oportunidad y las iniciativas Abre y Abre Familia, que alcanzan a miles de jóvenes. “Eso también explica por qué bajó la violencia”, afirmó, aunque advirtió que “hay un límite cuando chicos son cooptados por organizaciones criminales para cometer asesinatos”.
Finalmente, Pullaro insistió en la necesidad de actualizar el marco legal frente a las nuevas dinámicas del delito. “El Código Penal fue pensado para otra época. Hoy la criminalidad organizada cambió y el Estado necesita normas que le permitan proteger a la sociedad y aislar a los violentos”, concluyó, y confirmó que expondrá su postura ante el Congreso si es convocado.
