Causa Juárez

¿Qué dice el fallo unánime que repone a Juárez como Secretario General del SUPA?

Por unanimidad, la Cámara de Apelaciones revocó la cautelar que mantiene la intervención. Si Trabajo no apela, debe emitir el certificado de Autoridades hasta octubre de 2021 que termina el mandato de Juárez.


Herme Juárez

Por unanimidad y con la firma de los jueces de Manuel Díez Selva y Héctor Guisado, junto a la prosecretaria de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Graciela González, se dejó sin efecto la cautelar que mantiene la intervención en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos de Puerto General San Martín (SUPA). Este fallo, que se conoció hoy, habilita a la defensa de Herme Juárez, conocido por su alias “Vino Caliente”, a ponerse al frente del gremio nuevamente. De hecho, Mundo Gremial (Sitio especializado en noticias gremiales) supo que ya pidió al ministerio de Trabajo la certificación de autoridades debido a que Juárez tiene mandato hasta octubre de 2021.

El Tribunal dio lugar al proceder de la fiscalía que invocó el fallo de la Cámara Federal de San Martín que, a principios de septiembre, había revocado los procesamientos de Juárez por “asociación ilícita” y “coacción agravada”. A su vez ya había levantado la perimetral que impedía que Juárez se acercar a la Cooperativa de Trabajadores Portuarios.

Recordar que Juárez había sido detenido en agosto de 2019 y pasó 23 días tras las rejas en Ezeiza y luego quedó con prisión domiciliaria en su casa de San Lorenzo. En aquel entonces, en los laberintos del poder se barajaba que impactaría en positivo y ante las elecciones venideras encarcelar a un sindicalista.

Para Javier Rabadé, abogado patrocinante del sindicalista, la causa “es cien por ciento política y armada por el macrismo”. Amplia: “Durante los seis meses previos a que se abriera la causa a Juárez lo estuvieron siguiendo y escuchando de manera ilegal agentes de la AFI”. El abogado encuentra una matriz de comportamiento judicial: “A los 10 o 15 sindicalistas que se persiguió durante el macrismo siempre tuvieron el mismo modus operandi de judicialización: acusarlos de asociación ilícita, coacción, malversación y lavado de activos”.

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