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Qué dicen los audios que tienen los fiscales que quieren imputar a Traferri


Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery no se hicieron demasiadas ilusiones sobre el desafuero de Armando Traferri después de exponer ante los senadores provinciales las evidencias sobre las vinculaciones del legislador de San Lorenzo con Leonardo Peiti, el máximo capitalista del juego ilegal en la provincia de Santa Fe. El silencio de unos, el interés de otros pocos y la desconfianza de la mayoría los convencieron de que la decisión de rechazar el pedido ya estaba tomada.

Apenas concluyó la reunión, hubo dos señales claras: los senadores Lisandro Enrico y Joaquín Gramajo, erigidos en virtuales portavoces, suscribieron la teoría conspirativa de Traferri, que atribuyó las acusaciones a una maniobra del ministro de Seguridad Marcelo Sain; al mismo tiempo, desoyeron el pedido de reserva de Schiappa Pietra y Edery sobre las amenazas que recibieron e interpretaron la reunión de los fiscales con el ministro por ese motivo en línea con la versión del senador de San Lorenzo.

El que sí escuchó a los fiscales fue Traferri: después que le señalaron la inconsistencia en su escrito de respuesta, corrigió la versión y dijo que conoció a Peiti en 2017, ahora en coincidencia con la declaración del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad.

Como sucedió en 2017 con una denuncia sobre enriquecimiento ilícito que afectaba a cinco de sus integrantes, el Senado provincial rechazó la intención de la justicia de investigar a uno de sus miembros. Los legisladores se negaron a que un par fuera llevado ante la justicia, al precio de que la sospecha de impunidad y mutua protección pueda generalizarse al conjunto de la política santafesina.

El nombre de Traferri surgió en la investigación en torno a la protección del juego clandestino con el llamado del ex diputado provincial Darío Scataglini a Leonardo Peiti, grabado en el teléfono de su secretaria, Brenda Lomella.

A los fiscales les llamó la atención que Scataglini, asesor de la Legislatura provincial hasta la difusión pública de la comunicación, llamara a Peiti, conocido ya como el capitalista máximo del juego clandestino, y que además invocara el nombre de Traferri. Por entonces, Peiti ya estaba acusado por controlar entre 20 y 30 garitos en siete localidades de la provincia, según la investigación del fiscal Matías Merlo, de Melincué, y como socio de Los Monos en una serie de extorsiones.

Traferri dice que mandó a llamar a Peiti por el proyecto del capitalista para explotar, además del juego ilegal, el legal. En su declaración testimonial, Scataglini dio cuenta de una reunión en la oficina del senador, en San Lorenzo, con la asistencia del senador, el capitalista y uno de sus abogados, José Fernández Chemes.

El estudio de Fernández Chemes —compartido con el de la contadora de Peiti, en Corrientes 842 en la ciudad de Rosario— fue allanado con otros diez domicilios en los últimos operativos de la causa por juego clandestino, cuatro días antes de la declaración de Gustavo Ponce Asahad que expuso vínculos entre política y delincuencia. En ese intervalo se produjeron las amenazas contra Schiappa Pietra y Edery, un indicio de que las investigaciones tocaron un punto importante.

El ex fiscal Ponce Asahad declaró que en abril de 2017 Traferri y el ex fiscal regional Patricio Serjal trataron un pedido de Peiti respecto de causas que lo jaqueaban “en extraña jurisdicción”. Se refería a las acusaciones contra el padre del capitalista, Roberto Peiti, y su hermano, Esteban Peiti, en Villa Constitución y Cañada de Gómez.

“En 2017 hubo dos cuestiones particulares que explican esta causa —explicó el fiscal Edery—. En primer lugar, el juego clandestino comienza a ser delito; antes era una falta. Por eso Peiti y Traferri se empiezan a reunir, y son encuentros que tenemos acreditados por antena; y es el momento en que Peiti comienza a armar su red”.

También en abril de 2017, el presidente comunal de Hughes denunció el funcionamiento de un casino legal en ese pueblo del departamento General López. La fiscalía de Melincué allanó el lugar y secuestró el teléfono de la encargada, donde apareció el nombre de Peiti, como administrador de ese garito y de otros en Casilda, Reconquista, Avellaneda, Rosario, Wheelwright y Cañada de Gómez.

La intercepción de los teléfonos de Peiti permitió detectar, entre muchas otras, sus comunicaciones con el ex secretario legislativo del Senado, Ricardo Paulichenco, a quien visita en la ciudad de Santa Fe el 15 de agosto de 2017.

La voz de Peiti es reconocible por su tono ceceoso y el uso de muletillas como “entre pitos y flautas”. En la ocasión sorprende a Paulichenco de entrecasa.

El 20 de agosto de 2017, Peiti y Paulichenco, fallecido en diciembre del año pasado, hablan sobre “el fiscal que nos rompe los huevos”, en relación al fiscal de Reconquista Aldo Gerosa, mientras “los demás están todos tranquilos”. Peiti cuenta entonces que se dirige a una entrevista con un juez que le pidió reserva del nombre, a lo que Paulichenco responde pidiendo más detalles “para que no te manoteen plata”, en alusión al pago de coimas.

Al término de la reunión Peiti identifica al juez como Basualdo, en presunta referencia al juez Gonzalo Basualdo, de Reconquista. Peiti y Paulichenco festejan el resultado de la conversación con términos como “pingazo” e “hiper pingo” en relación al magistrado, quien sin embargo no fue alcanzado por la investigación de la fiscalía de Melincué. “De primera el tipo. Quedamos en hablar para arreglar y trabajar tranquilos”, dice Peiti; “Es un demonio de Tasmania”, coincide el ex secretario legislativo del Senado; “Terrible calavera”, agrega el capitalista, todavía satisfecho con el contacto.

Tres días después se registran llamadas clave entre los mismos interlocutores. En la primera, Peiti está de camino a Cañada de Gómez, donde tiene negocios.

La siguiente comunicación del mismo día apuntaría al lobby de Traferri para los intereses del juego clandestino, ya que da cuenta de la expectativa que tienen en la reunión del senador con el fiscal general Jorge Baclini y con el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, “por el tema que me pasaste, el 301”, según dice Paulichenco en referencia al artículo del Código Penal que reprime el juego. Los sobreentendidos son sugestivos: “traeme plata”, pide el ex secretario; “no hablés más que vamos a terminar en Cincinatti”, dice Peiti, en probable alusión a Sing-Sing, un presidio que figura la cárcel en el vocabulario del hampa.

El nombre de Armando Traferri, entonces, ya había surgido en la investigación que se desarrollaba en Melincué, casi tres años antes de que los fiscales Schiappa Pietra y Edery lo señalaran como organizador de la asociación ilícita.

“Lo que Traferri hace es construir ese amparo judicial que necesitaba esta organización para funcionar como lo estaba haciendo —dijo Schiappa Pietra a Suma Política—. Ese amparo institucional del Ministerio Público dejando de investigar causas y construyendo impunidad para el juego clandestino lo tenemos acreditado no solamente por lo que dice Ponce Asahad sino por lo que dice el propio Peiti”.

Peiti, sin embargo, no mencionó al legislador. “Nunca dejó entrever que podían estar involucrados funcionarios de otro estamento de poder, fuera de los fiscales Serjal y Ponce Asahad, pero tampoco lo negó”, agregó Schiappa Pietra.

El 8 de septiembre de 2017, Peiti habla con uno de sus allegados, Carlos Garat, y aporta un detalle que provoca suspicacias: antes de encontrarse con Traferri, compró dólares.

El 21 de septiembre, Peiti le cuenta a su esposa que volvió a reunirse con Traferri.

Traferri explicó sus contactos por el proyecto que dos años después presentó Peiti para lograr un convenio entre la lotería de la provincia de Misiones —donde explota juegos legales— y la de Santa Fe. Es la misma versión a la que recurrió Peiti cuando accedió a declarar como arrepentido: sus problemas con la ley habrían sido responsabilidad de su padre y su hermano y él se habría visto obligado a pagar coimas para no perder sus negocios legales.

El avance de las investigaciones en Rosario y en Melincué desbarató la versión inicial de Peiti. “Para que lo incorporen como arrepentido un juez tendrá que evaluar lo que dijo —aclaró el fiscal Edery—. Y si el juez considera que él mintió no lo va a aceptar como arrepentido y se le va a caer la posibilidad de transcurrir el proceso en libertad. Los abogados dicen que él no mintió, que se guardó información. Bueno, ahora va a tener que dar explicaciones”.

La sospecha de los fiscales es que el proyecto para el juego legal era en realidad una pantalla para sellar la impunidad alrededor del juego ilegal. “Es como si se quisiera legalizar la droga y se confiara su explotación a Los Monos”, ejemplificaron en el Ministerio Público de la Acusación.

Los fiscales insistieron una y otra vez con que las acusaciones no se sostienen exclusivamente en la declaración de Ponce Asahad, aunque el relato del ex fiscal permitió atar cabos sueltos.

Uno de los encuentros entre Peiti y Ponce Asahad en el club Sirio Libanés fue precedido de una comunicación telefónica y de una foto que el capitalista se saca en el volante de su auto con un fajo de dólares. La fotografía fue enviada a la secretaria, Brenda Lomello; habrían sido diez mil dólares.

Siete minutos después de tomar la foto, Peiti llama a su secretaria y ella le responde a continuación.

Pero los problemas no se resolvieron.

 

Fuente: Suma Política

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