El juez federal Aníbal Pineda aseguró que los empresarios de Rosario y la región son quienes deben mirar hoy “con más preocupación” la consolidación del crimen organizado. “Van a tener que modificar su seguridad personal y familiar, y van a ser víctimas de las balaceras y extorsiones que hoy vemos en los barrios. Eso que está pasando hoy en las zonas más alejadas del centro se trasladará al gran empresariado”, avisó.
El diagnóstico de Pineda se sostiene en el avance sin pausa del crimen organizado, que va mutando su accionar de manera constante. Y aunque este tipo de extorsión no es una práctica novedosa en la ciudad, en los últimos días comenzó a operar con más visibilidad sobre pequeños comercios barriales, algunos de los cuales se han visto en la obligación de bajar las persianas frente a la imposibilidad de ceder ante el pedido de importantes sumas de dinero.
“Si el crimen organizado y el narcotráfico se termina de consolidar como un actor importante de la región va a salir luego a disputar y a quedarse con los negocios legales. Los empresarios serán a quienes más les cambiarán las reglas de juego. Por eso es importante que las asociaciones que los nuclean promuevan que todos los poderes del Estado y los partidos políticos debatan y acuerden un plan de seguridad a diez años. Es la única salida que veo a largo plazo”, sostuvo en diálogo con Marcelo Fernández en el programa «Así estamos», que se emite los domingos a la noche por Telefé Rosario.
“Estamos en una situación extrema, bisagra. Si se profundiza esta situación del crimen organizado nos va a cambiar la vida a todos: a los periodistas, a los jueces, a los empresarios… a todos”, insistió Pineda, integrante de la Cámara de Apelaciones de la Justicia federal de Rosario, quien desde hace tiempo viene advirtiendo sobre la gravedad de la situación en el orden de la seguridad.
Según su visión, es fundamental lograr un acuerdo amplio y a largo plazo que incluya a los tres poderes y atraviese los estamentos nacional, provincial y municipal. “Se requiere un plan común a diez años y que se mantenga más allá del gobierno de turno. ¿Quién se va a oponer a eso? Lo que ocurre en Rosario es una oportunidad para cambiar la lógica de funcionamiento del Estado y de los partidos políticos”, expresó.
“Hay que romper hoy con la inercia, cambiar el paradigma desde el Estado para abordar la narcocriminalidad y salir de la lógica oficialismo versus oposición –continuó–. Creo que una de las causas por la que esta lucha se viene perdiendo es porque quienes tienen responsabilidades actúan a partir de la lógica oficialismo versus oposición”.
Pineda señaló que “la problemática del narcotráfico viene de arrastre; desde 2013 que los índices de homicidios en esta región triplican a la media nacional y ningún gobierno en particular la pudo resolver. Han gobernado todos los partidos en esta última década y ninguno encontró la solución. ¿Por qué? Porque siguen con esta dicotomía oficialismo-oposición”.
El magistrado, integrante de un poder que es cuestionado por su inactividad para actuar sobre las bandas narcocriminales más conocidas de la ciudad, aceptó que “todos tenemos que dar explicaciones de lo que hacemos”. Y agregó: “Hay que reconocer que los primeros golpes judiciales a Los Monos, a Alvarado, etcétera, se los dio la Justicia provincial. Y lo hizo valiéndose de recursos materiales y humanos, algo que no tuvo la Justicia federal”.
“La Justicia federal está muy politizada. Es uno de los problemas que tenemos para avanzar y para dar un servicio de calidad. Al Consejo de la Magistratura se trasladó la grieta; es una grieta que bloquea e impide avanzar. Al judicializarse muchos temas políticos, se politiza también la Justicia”, reconoció, aunque enseguida pidió separar las aguas: “Es importante diferenciar la Justicia federal de Comodoro Py de la Justicia federal del interior del país. Hay configuraciones distintas. En nuestro caso, por ejemplo, resolvemos muchas menos cuestiones relacionadas con la política partidaria”.
Jueces importados
Pineda también opinó sobre la polémica que se suscitó sobre la elección del Poder Ejecutivo de candidatos oriundos de otras provincias para ocupar cargos en la Justicia federal rosarina. “Siempre es beneficioso que el magistrado esté afincado en nuestra zona, que sepamos quién es, que conozcamos su trayectoria; y la localía le da a él un conocimiento integral de la situación”, señaló.
En ese sentido, consideró que “es un problema importante” que las ternas de postulantes no estén conformadas por profesionales de la ciudad. “Considero que debemos funcionar como una usina de magistrados y funcionarios, promover la presencia de rosarinos. Hay también una cuestión de centralismo cuando toman estas decisiones”, concluyó.
