¿Vicentín estatal?

¿Quienes son los responsables del nuevo ataque K contra la agroindustria?

El presidente volvió a la carga contra Vicentín y la agroindustria en general, Fernández en linea con la jugada judicial del Presidente de la Corte de Santa Fe Rafael Gutierrez.


Alberto Fernández

El jueves el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutierrez decidió sacarle la convocatoria de acreedores al Juez Civil y Comercial Lorenzini para ser revisada antes de que se terminen los plazos de ley el próximo 30 de junio.

La movida judicial se constituye en un agujero negro para la historía del Cordón Industrial poniendo en juegos miles y miles de puestos de trabajo que dependen directa o indirectamente de la agroindustria. Unos de los principales ejecutivos de la industria aceitera aseguró a SL24 «es imposible explicar a los accionistas en las casas centrales lo que sucedió con el concurso de Vicentín, era una causa cerrada con propuesta de pago y planes de trabajo para los próximos 12 años, hoy todo queda en suspenso por la acción de un grupo de abogados y empresario que forjo su empresa muy cerca de la familia Vicentín (en relación a la familia Grassi)».

El Grupo Grassi, empresa dedicada a la originación de semillas para la agroindustria desde hace más de 100 años, fue uno de los principales acreedores de Vicentín, producto de ser uno de los principales entregadores de semillas con una estrecha relación con los directores y dueños de la malograda empresa agroexportadora. El CEO de Grupo Grassi, Mariano Grassi fue la cara visible del armado de la estrategia para resistir los acuerdos que la empresa Vicentín fue proponiendo al Juez Lorenzini.

La estrategia judicial tiene como cerebro a Leandro Salvatierra titular del estudio jurídico Casanova, Mattos y Salvatierra con aceitados vínculos con el poder judicial santafesino. Salvatierra es accionistas del Grupo Televisión Litoral y del diario La Capital, negociaciones que permitió estrechar una relación con José Luis Manzano el histórico dirigente menemista convertido en estrella para la compra de empresas malogradas con fuerte intervención del estado, Manzano fue uno de los primeros nombres que surgieron a los pocos meses de decretada la cesación de pago de Vicentín. Para poder ingresar en el concurso y de ahí presionar el estudio jurídico Casanova, Mattos y Salvatierra compró una empresa de zapatos en Buenos Aires que utilizó para adquirir la deuda a unos de los productores damnificados por la caída de Vicentín.

A menos de 15 días las estrategias judiciales de Grassi – Salvatierra parecían no encontrar tierra fértil y se encaminaba todo a una normalización de Vicentín con el ingreso de tres jugadores líderes de la industria, ACA, Viterra y Bunge, apareció  Rafael Gutierrez en soledad firmando el avocamiento logrando sacar la causa del despacho de Lorenzini para su revisión, en el seno del máximo tribunal supremo hay desconcierto y mucha preocupación.

Apareció Alberto Fernández ¿casualidad o parte?

En una entrevista con Página/12, el presidente Alberto Fernández volvió a mencionar la posibilidad de crear una empresa testigo “para ordenar” el mercado de comercialización de granos y de alimentos en general. Y mencionó específicamente que si bien en 2020 finalmente descartó la estatización, porque –según explicó- “le hubiera hecho un favor a los acreedores, no a la Argentina”, el gobierno siguió trabajando “y ahora hay un escenario donde, tal vez, podamos hacer algo. No digo que esté seguro, pero sí que tenemos un escenario más favorable que aquel”.

“Ahora, nosotros en materia alimenticia tenemos que hacer algo que nos permita de algún modo intervenir para ordenar estas cosas”, prosiguió el presidente. “No se trata de la Junta Nacional de Granos, sino de buscar más herramientas. En su momento, la alternativa Vicentin la descarté, porque era hacerle un favor a los acreedores, no a la Argentina”, Sin embargo, continuó, “en el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha intervenido (mediante la suspensión del proceso de convocatoria) y se podría dar la posibilidad de cramdown (propuesta de solución de la deuda de los principales acreedores principales, incluido el Banco Nación), yo dije estudiémoslo porque es posible. Lo que no es posible es esta lógica de ‘expropiemos empresas de cualquier modo’ porque después se paga lo que no corresponde. Y yo no quiero hacer eso”.

Hay final abierto, lo que seguro queda es que nuestro Cordón Agroexportador nunca más será el mismo.

 

 

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