La crisis de Vicentin entra en una fase de extrema tensión. El intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, solicitó formalmente al juez natural del concurso preventivo, Fabián Lorenzini, que arbitre las garantías necesarias para sostener el funcionamiento de la empresa y asegurar el cobro de salarios a los trabajadores. La movida del mandatario llega en un momento crítico, con el directorio diezmado por causas penales y un panorama judicial empantanado.
Lorenzini, quien en septiembre de 2023 rechazó homologar la propuesta de pago de Vicentin y abrió un período de cramdown, es hoy quien debe resguardar los activos y la continuidad operativa de la compañía. En su momento, el magistrado convocó a terceros interesados a presentar ofertas para hacerse cargo de la empresa, pero, según consta en una queja presentada por Vicentin ante la Corte Suprema nacional, ninguna otra firma completó siquiera los requisitos mínimos exigidos por la Justicia, como el depósito de 100 mil dólares.
El juez del concurso de Vicentin debe tomar inmediata nota de la situación actual de la firma y garantizar mediante la administración la operatividad de la misma y los salarios de los empleados.
— Leonardo Raimundo (@LeoIntendente) April 5, 2025
Tras ese rechazo, Vicentin apeló ante la Cámara de Apelaciones de Reconquista, que el 6 de marzo de 2024 finalmente homologó la propuesta original del concurso. Sin embargo, la Corte Suprema de Santa Fe suspendió esa homologación el pasado 18 de febrero de 2025, al dar lugar a un recurso de queja presentado por la firma Commodities SA, del Grupo Grassi.
Hoy, con varios ex directores detenidos por orden de los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno, y medidas cautelares que pesan sobre otros integrantes del consejo directivo, Vicentin quedó sin conducción efectiva. En este escenario, nadie tiene claro quién tomará el timón de la compañía en el corto plazo, ni si habrá liquidez para cumplir con los sueldos de abril.
Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) ya advirtieron que no dudarán en tomar medidas gremiales si se interrumpen los pagos. La empresa, por su parte, arrastra más de cuatro años de conflicto económico, judicial y político.
Todos los caminos judiciales posibles se proyectan en plazos largos, algo que contrasta con las necesidades urgentes de una planta en funcionamiento y cientos de familias que dependen del ingreso mensual. La semana que arranca podría ser decisiva para el futuro de Vicentin y la paz social en San Lorenzo y la región.
