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Rechazo masivo en San Lorenzo al veto de la Ley de Discapacidad

Rechazo masivo en San Lorenzo al veto de la Ley de Discapacidad

Instituciones, prestadores y dirigentes políticos se manifestaron en el Paseo del Pino contra la decisión del Ejecutivo nacional de anular la norma aprobada por el Congreso. Reclaman la restitución de derechos y advierten sobre la crisis en la prestación de servicios

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Instituciones, prestadores y dirigentes políticos se manifestaron en el Paseo del Pino contra la decisión del Ejecutivo nacional de anular la norma aprobada por el Congreso. Reclaman la restitución de derechos y advierten sobre la crisis en la prestación de servicios

Una multitudinaria manifestación se realizó este martes por la mañana en el centro de San Lorenzo, donde instituciones, familias, profesionales y personas con discapacidad expresaron su rechazo al veto presidencial de la Ley de Emergencia en Discapacidad, recientemente aprobada por el Congreso Nacional.

La concentración fue convocada por “Accionar: Mesa por las Discapacidades”, espacio que reúne a organizaciones y actores del sector. A la protesta se sumaron concejales de San Lorenzo y de otras localidades del Cordón Industrial. Durante la jornada se entregó folletería, se leyó un documento conjunto y se realizó un corte de calle para visibilizar el reclamo.

La ley vetada establecía un régimen de emergencia por dos años e incluía la regularización de pagos atrasados a prestadores, la actualización del nomenclador de prestaciones básicas, la reforma del sistema de pensiones no contributivas, el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el cumplimiento del cupo laboral en el Estado.

Desde el Gobierno nacional justificaron el veto argumentando que la medida implicaría un aumento del 6% del gasto primario, lo que, según señalaron, afectaría el objetivo de déficit cero.

“Estamos esperando que por favor se vuelva a tratar este veto en el Congreso. La ley ajustaba el nomenclador de prestaciones básicas, que desde noviembre del año pasado no tiene aumentos. También había cambios en las pensiones y talleres protegidos. Se garantizaban derechos que se estaban perdiendo”, sostuvo Camila Di Paolo, referente de la organización convocante.

Actualmente, una pensión por invalidez representa el 70% de una jubilación mínima, es decir, alrededor de $191.000. Los prestadores advierten que el atraso en los pagos y la falta de actualización de aranceles pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales para miles de personas.

Para que el veto sea rechazado, el Congreso deberá insistir con una mayoría especial de dos tercios en ambas Cámaras. Sin embargo, la posibilidad se complica: el tratamiento del tema fue excluido del temario de la sesión prevista para este miércoles, lo que genera preocupación en el sector.

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